La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 330 a favor, 129 en contra y cero abstenciones, el dictamen que expide la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, mediante la implementación de un modelo de simplificación y digitalización que permita la reducción de costos a la ciudadanía.
Asimismo, el dictamen fue aprobado en lo particular, con cambios, con 332 votos a favor, 130 en contra y cero abstenciones.
El documento, que deriva de una iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Al presentar las modificaciones aceptadas por el Pleno, el diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena, afirmó que la iniciativa de la presidenta tiene por objeto construir un Estado de derecho más ágil, cercano, transparente y eficaz; es una propuesta de alto nivel para el país y va a generar un gran beneficio a la población y a todos los usuarios en trámites burocráticos.
Expuso que con las modificaciones a los artículos 9, 10, 23, 32, 43, 47 y 50 se propone preservar el equilibrio del federalismo, proteger la certeza jurídica de los ciudadanos y garantizar que las atribuciones de la nueva autoridad nacional de simplificación y digitalización se ejerzan en el marco de la Constitución Política, respetando las competencias de los estados y los municipios.
Dijo no estar en contra de las recomendaciones para mejorar trámites; al contrario, las respalda, pero “proponemos que las recomendaciones que emita esta autoridad nacional sean obligatorias únicamente para la Administración Pública Federal, para las entidades federativas y los municipios deben ser orientadoras, no imposiciones de ningún tipo de disfraz”.
Aclaró que la reserva que modifica siete artículos no es obra totalmente de él, pues el diputado Alfonso Ramírez Cuellar (Morena) desde ayer estuvo muy pendiente del contenido de la norma, por lo que conversaron la posibilidad de modificar algunos artículos para salvar el federalismo mexicano y la autonomía de estados y municipios.
Así quedó la Ley
El ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquellas responsabilidades de las personas servidoras públicas, al Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales, actos, procedimientos o resoluciones de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, salvo en lo relativo a las obligaciones de simplificación, digitalización y registro de trámites y servicios en el Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios, que serán de observancia obligatoria para todas.
Serán objeto de la Ley habilitar modelos nacionales para Eliminar Trámites Burocráticos, para la Digitalización y de Homologación de Trámites y Servicios, y de Atención Ciudadana, así como Compartición de Soluciones Tecnológicas y Desarrollo de Capacidades Públicas.
También, habilitar el Repositorio Nacional de Tecnología Pública, establecer la Llave MX como el mecanismo de autenticación e identificación en medios digitales; establecer el Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios, las herramientas, instrumentos y acciones para promover las buenas prácticas regulatorias, y determinar las obligaciones de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones será la autoridad nacional de simplificación y digitalización, y es la responsable a nivel nacional y en el ámbito federal, de implementar, supervisar y vigilar la aplicación de la Ley.
Serían herramientas para eliminar trámites burocráticos la Agenda de Simplificación y Digitalización de Trámites y Servicios, la Agenda Regulatoria, el Análisis de Impacto Regulatorio, el Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios, el Registro Nacional de Regulaciones, y las demás que determine la autoridad nacional.
En México, existen en promedio 523 trámites por entidad federativa y 144 a nivel municipal, lo que sugiere que a nivel nacional existen más de 350 mil trámites, un problema que afecta directamente a la población. Una persona, en su vida, en promedio realiza 486 trámites, de los cuales el 85 por ciento se hacen ante gobiernos locales, es decir con entidades federativas y municipios.
