La organización Amnistía Internacional lamentó la aprobación de la Cámara de Diputados que adscribe la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En consecuencia, hizo un llamado al Senado de la República a detener esta reforma constitucional que está próxima a discutirse en este este recinto.
A través de un mensaje en sus redes sociales, Amnistía señaló que continuar con este proceso legislativo significaría la “culminación del proceso de militarización de la seguridad pública y un grave retroceso en materia de derechos humanos“.
Amnistía Internacional expresó su preocupación al observar que, a pocos días del aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y de la masacre de Tlatelolco, se pretenda dar avance a esta reforma, ignorando el sufrimiento de todas las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas.
Lamentamos que @Mx_Diputados haya aprobado la adscripción de la @GN_MEXICO_ a la @SEDENAmx. Hacemos un llamado a @senadomexicano a detener esta reforma constitucional que significaría la culminación del proceso de militarización de la seguridad pública y un grave retroceso en… pic.twitter.com/GOeOTYc7JZ
— Amnistía Int. México (@amnistiamexico) September 20, 2024
A través de un análisis sobre la Guardia Nacional, el organismo internacional refiere que esta reforma constitucional es contraria a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que ha adquirido México.
Asimismo, sentenció que la respuesta frente al debilitamiento de las policías civiles no puede ser su remplazo por las Fuerzas Armadas.
“Una iniciativa de reforma de la Guardia Nacional, debe apuntar a llevar a cabo una revisión de la participación gradual y ordenada, bajo mandos civiles, de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, y asegurar el fortalecimiento de las capacidades de sus cuerpos policiales, a través del fortalecimiento de sus conocimientos en seguridad ciudadana y dotar de recursos económicos a las policías”, detalló.
Finalmente, Amnistía concluyó que conforme a lo establecido en estándares internacionales de derechos humanos, las labores de las Fuerzas Armadas no pueden extenderse a las facultades propias de las instituciones
