Por. Ivonne Melgar
Al estigmatizar a ministros, jueces y magistrados, el Ejecutivo federal logró, además, avanzar en la trivialización de la violencia criminal, la inseguridad, el cobro de piso y la extorsión.
Cuando la fuerza de un gobierno como el saliente se expresa en la credibilidad de cómo se cuentan los problemas y sus soluciones, hasta las aguas negras de Chalco terminan por ser responsabilidad del pasado neoliberal.
Desde la arrasadora conversación cotidiana presidencial, el relato de El Mayo Zambada y su relación con autoridades de Sinaloa puede matizarse mediante una denuncia por traición a la patria.
Y es que ha sido tal el liderazgo del presidente López Obrador que los resquemores hacia las Fuerzas Armadas que la desaparición de los normalistas subrayó en 2014, ahora suenan a cosa del pasado, ante la purificación del pueblo bueno uniformado.
Es la audacia de populismos que relanzan a la democracia como el escenario donde las mayorías se reivindican contra las élites políticas tradicionales, cuyas marcas partidistas toman el mote que la potente voz gobernante les aplica.
Son múltiples los factores que explican este fenómeno en el ejercicio del poder, así como el silencio prudente, convenenciero, miedoso y cómplice que decidieron guardar diversos sectores que, en otros sexenios, hicieron sentir su peso e inconformidades hacia decisiones gubernamentales.
En el caso del Poder Judicial se dio una reacción combinada: hubo quien desde la Suprema Corte optó por convertirse en aliado de la agenda del Poder Ejecutivo; otros continuaron haciendo valer su independencia, asumida con creces durante los gobiernos de la alternancia.
Mientras jueces y magistrados federales dejaban pasar las descalificaciones de vendidos, corruptos, neoliberales, defensores de privilegios que provenían del pódium presidencial cuando dictaban recursos que revertían actos gubernamentales.
Nadie armó la pedagogía que explicara que esos juzgadores no actúan por iniciativa propia, sino que su tarea es resolver asuntos presentados por personas, grupos, comunidades u organizaciones que consideran vulnerado algún derecho.
Tampoco entre activistas que antes escrutaron los excesos del poder hubo tiempo ni energía para comunicarle a los mexicanos que los amparos y las determinaciones que jueces y magistrados emiten están sustentados en códigos y leyes derivados del paradigma de derechos humanos que en 2011 se instaló en el sistema de justicia.
Fallaron especialistas, periodistas, juristas, académicos y un largo etcétera en aclarar que las resoluciones de los juzgadores aludían a convenciones internacionales, sentencias de la SCJN y derechos universales, porque estaban cumpliendo que la reforma que hace 13 años fue ovacionada por quienes se autoproclaman de izquierda y en pro de la igualdad sustantiva.
Y con esa laguna llegamos a una de las mayores demostraciones del impacto transformador de la retórica presidencial: atribuirle al Poder Judicial de la Federación (PJF) la culpa de la impunidad.
Al estigmatizar a ministros, jueces y magistrados, el Ejecutivo federal logró además, avanzar en la trivialización de la violencia criminal, la inseguridad, el cobro de piso y la extorsión.
Aun cuando el diagnóstico documentado de expertos ha puesto el foco en el déficit de las fiscalías para explicar la ausencia de castigo a los perpetradores de injusticias, caló hondo el juicio presidencial de que éstas tienen su origen en el PJF.
Con esos antecedentes se presentó la reforma que este lunes será aprobada por diputados de Morena, PT y PVEM para que en junio de 2025 se sometan a las urnas aquellos ministros, jueces y magistrados que pretendan continuar en sus cargos, compitiendo con candidatos abogados —pasantes incluidos— que serán propuestos por el Congreso de mayoría oficialista y por la futura Presidenta de la República.
Aunque antes de disputarse el voto popular, tendrán que supeditarse a la suerte que les depare la insaculación, sí, la tómbola, que para el próximo año dejaría fuera a por lo menos 10 mil de los 15 mil aspirantes.
Quien haya seguido la consulta que la Cámara de Diputados organizó sobre la iniciativa presidencial podrá sin regateos coincidir con el ministro Javier Laynez Potisek, que esta semana comparó el equívoco diagnóstico con la aplicación de quimioterapia a un paciente con arritmia cardiaca.
De ese falso diagnóstico dieron pruebas en los foros parlamentarios un medio centenar de juzgadores que defendieron ahí su misión; son los mismos mil 202 que el lunes —86% de los mil 403 que participantes de la votación— decidieron por el sí para irse a paro y que ahora se encuentran a las puertas de sus sedes de trabajo demandado la cancelación de la reforma.
La reacción de la mandataria electa pidiendo que jueces y magistrados no cobren sus sueldos mientras sigan con esa protesta obligará a los inconformes a sopesar en las próximas horas hasta dónde están dispuestos a llegar.
Al doblarles la apuesta, Claudia Sheinbaum muestra la confianza que le tiene al legado narrativo presidencial.
La realidad, sin embargo, está esperando a la futura Presidenta para que una de estas tardes se asome con la emoción de la activista universitaria que fue al soleado verano de la resistencia judicial.
