El Senado de la República avaló, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforman diversas leyes con el objetivo de crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar.
La propuesta, aprobada en lo particular con 69 votos a favor, 41 en contra y dos abstenciones, busca garantizar una vejez digna y tranquila para todos los ciudadanos mexicanos, especialmente para aquellos que enfrentan situaciones de vulnerabilidad económica.
El proyecto, que fue remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales, establece que los recursos acumulados en las cuentas individuales no podrán ser objeto de pérdida, caducidad o prescripción.
Señala que persisten brechas y retos en cuanto al nivel de la pensión que recibirán las personas cuyos recursos dependen de la permanencia en los empleos formales y de las tasas de ahorro obligatorio que, durante 23 años, entre 1997 y 2020, se mantuvieron bajas en alrededor de 6.5 por ciento del salario base de cotización.
Antes de la votación de la propuesta, se registraron diversas reservas al dictamen presentadas por los grupos parlamentarios de Morena, Acción Nacional, PRI, Movimiento Ciudadano, PRD y Grupo Plural, las cuales fueron desechadas por el Pleno.
El proyecto de decreto reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Así como la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y del decreto por el que se extingue el Organismo Público Descentralizado denominado Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y que abroga su Ley Orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2023.
Luego de su aprobación en lo general y lo particular, la presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, informó a la Asamblea que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 211 del Reglamento del Senado, se realizarán ajustes exclusivamente de técnica legislativa, que en ningún caso modifican el texto aprobado.
Explicó que los ajustes realizados a los dos primeros ordenamientos son para otorgar claridad y congruencia entre el artículo descriptivo y el texto normativo propuesto, y que, en los casos del tercero y cuarto ordenamiento, los ajustes de técnica legislativa son necesarios para preservar las porciones normativas del texto vigente que no sufren cambio alguno.
La presidenta del Senado reiteró que, en ningún caso, dichos ajustes alteran el texto normativo aprobado por la colegisladora y por las comisiones del Senado, por lo que se mantiene intacto el propósito de la reforma.
También instruyó a las comisiones dictaminadoras para realizar las correcciones y publicarlas en la Gaceta con el texto corregido.
En tanto, los senadores Damián Zepeda Vidales y Julen Rementería del Puerto, del PAN; Beatriz Paredes Rangel, del PRI; Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano; y Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural, se manifestaron en contra de estos ajustes, pues consideraron que se debe respetar el texto aprobado por la Asamblea.
Además, el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, indicó que existen precedentes de que se ha modificado el lenguaje por técnica parlamentaria en cualquier modificación legal y constitucional.
