Por. Marissa Rivera
Hace seis años, la corrupción fue la bandera de un eterno candidato que 12 años después, por fin, logró su propósito: llegar al poder por el poder.
Hoy, los ciudadanos tienen dos banderas, la brutal inseguridad que vive México y la descarada corrupción que se oculta bajo el manto protector del gobierno federal.
Millones de mexicanos viven una realidad diferente a los otros datos del gobierno federal y sus simpatizantes.
Lo más valioso que, es la seguridad de las personas, se ha perdido. Uno sabe a qué hora sale de casa a la escuela o al trabajo, pero no sabe si regresará.
La violencia recorre las calles, las colonias, las ciudades, los estados, el país. Sin que la autoridad cuide, proteja o haga algo en beneficio de los ciudadanos
El incremento de la violencia, la presencia sin control del crimen organizado y la impunidad, amenazan, todos los días, la paz del país.
Además del tránsito y producción de droga que existe en México, la delincuencia organizada ha ampliado sus actividades criminales, como la extorsión, el secuestro y el robo. Actividades que afectan el desarrollo económico del país y destrozan la tranquilidad de los mexicanos.
El extraordinario diagnóstico que hicieron organizaciones civiles y religiosas en el llamado “Diálogo Nacional por la Paz”, para las candidatas y el candidato a la Presidencia, establece que México vive la crisis de violencia más grave de la historia.
Aseveración que disgustó a la candidata del presidente, porque para ellos, a pesar de la tragedia que vive el país, todo está bien.
Frente al descaro y el desdén de las autoridades, los ciudadanos tienen el poder de castigar esa terrible omisión de haber abandonado al pueblo a su suerte. Así lo hicieron hace seis años en las urnas. Hoy, esa posibilidad es una realidad.
En una semana vimos la fuerza del crimen frente unas autoridades absortas.
En San Luis Potosí, cinco personas ejecutadas y abandonadas frente al ayuntamiento de Cárdenas. En Paraíso, Tabasco, seis personas acribilladas. En Ocozocoautla, Chiapas, enfrentamiento entre dos bandas criminales con dos muertos y varios vehículos quemados. En Jalisco cinco cuerpos sin vida. En Sinaloa, al menos 66 personas fueron secuestradas, entre ellos, había niños. En Chiapas, más de 60 migrantes ecuatorianos fueron secuestrados. En Pesquería, Nuevo León, encontraron 13 cuerpos calcinados. En Michoacán, el crimen organizado destruyó la producción de agricultores que no pagaron piso.
La propuesta de firmar un compromiso común contra la inseguridad también afirma que México vive un crónico estado de corrupción e impunidad sistémica.
Hace seis años, una investigación periodística reveló el tema de la “Casa Blanca” que confirmó el tráfico de influencias, los favores empresariales y la corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Hoy, las revelaciones periodísticas señalan el tráfico de influencias, los favores y la corrupción del gobierno federal, en temas como la “Casa Gris”, el descarado robo en Segalmex, los contratos amañados en el Tren Maya y los sobrecostos de las obras emblemáticas como la refinería Dos Bocas.
El gobierno subestima estos casos y los ignora, pero el pueblo, él lo dijo, es sabio y todos esos atropellos, pueden tener un alto costo en la aspiración presidencial de perpetuarse en el poder.
El escenario es complejo y solo hay dos opciones, mantener las cosas como están y vivir en la zozobra.
O aspirar a un cambio, que nos abra una esperanza en torno a la seguridad que es una de las principales demandas de los mexicanos.
