La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) atrajo el caso del feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, asesinada hace 23 años en Ciudad Juárez, compartió su madre, Norma Andrade, en una conferencia de prensa en la Ciudad de México.
“La esperanza (con esta noticia) es ver que en este México de hoy tengamos libertades, tranquilidad y paz, una paz que no hay ahora. Que la Corte obligue al Estado mexicano a que haga lo que tiene que hacer”, consideró Andrade.
Un miércoles 14 de febrero de 2001, cuando Alejandra tenía 17 años y dos hijos pequeños, salió a trabajar y no regresó. Su madre acudió ante la autoridad para solicitarle que buscaran a su hija, pero no comenzaron la búsqueda inmediata.
El 19 de febrero una mujer identificó en la calle en Ciudad Juárez a una joven desnuda huyendo de un hombre con las características de Alejandra, pero las autoridades no llegaron y dos días después apareció su cuerpo en un lote baldío con signos de violencia sexual.
Durante estos años las autoridades han encarcelado a un hombre que lleva seis años en prisión pero ni siquiera han cotejado su ADN con los tres perfiles genéticos parciales obtenidos del cuerpo de la joven.
“Ella (Norma) presentó la petición (para que la CorteIDH atrajera el caso). En 2002 acudió a Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tuvieron que pasar muchos años”, explicó durante la conferencia Karla Michel Salas, directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.
“En 2018 la CIDH emitió un informe donde considera que el Estado mexicano es responsable internacionalmente por no actuar inmediatamente”, agregó.
El Estado mexicano solicitó prórrogas a la CIDH, pero no cumplió a pesar de diversas oportunidades, por lo que el Grupo de Acción insistió en que el caso debía elevarse a la CorteIDH.
Ahora, los representantes de Norma entran en un proceso en el que deben presentar primero un escrito de argumentos, solicitudes y pruebas.
Después, tienen que enviar material probatorio, tanto la defensa como la CIDH y el Estado, para una audiencia pública que calculan que ocurriría a inicios de 2025.
A continuación se abriría otra etapa escrita en la que los tres agentes envían conclusiones para que la Corte, formada por siete jueces, emita un fallo.
Salas explicó que “en general” las sentencias de la CorteIDH se cumplen, aunque en México una sentencia anterior (2009) sobre el caso ‘Campo algodonero’ -en donde en 2001 encontraron ocho cuerpos de mujeres violentadas- no se ha cumplido.
“No hay que acostumbrarnos a (la) impunidad. Depende de la insistencia y la resistencia”, dijo Salas, al recordar que esto no es un caso, sino una causa, y que la sentencia será para el Estado mexicano, no para el Gobierno actual.
“¿Cuántas mujeres asesinadas? Son muchas para que como sociedad unamos nuestra voz y la levantemos, que no esperen a estar en mis zapatos para apoyar a una madre con un hijo o una hija desaparecida o asesinada”, terminó Andrade.
Con información de EFE
