Por. Saraí Aguilar
“Usted, siendo una persona casada, que ha acosado hasta a maestras, alumnas y hasta ha amenazado, no lo queremos dentro de la institución”.
Con estas palabras se dio inicio a un tribunal del pueblo, con un maestro señalado como presunto acosador y abusador, a quién se le acusó de sostener relaciones con alumnas menores de edad. Se denunció la supuesta inacción de la entidad educativa, el Instituto Politécnico Nacional, específicamente el Cecyt 8 “Narciso Bassols”. Se manifestó la exigencia de solución o, de lo contrario, se emplazaría a paro.
Pero, de entrada, el acusado no se iría limpio. Un grupo de alumnas con el rostro cubierto golpeó al maestro dentro de un aula, como se observa en un video viralizado en redes sociales.
Entre opiniones encontradas, las alumnas señalan que hay denuncias desde 2011 y Elizabeth Cabrera Chávez, directora de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género (UPGPG), informó que esta institución no cuenta con denuncias sobre el presunto acoso cometido por el profesor José P. ”N” por lo que no se sabe más del caso salvo lo que se denunció en redes. Para la administración del Poli, esto se debe a la falta de cultura de denuncia por parte de la comunidad educativa y también al desconocimiento del protocolo establecido para esos casos. Por lo que, tras la exhibida en redes, de inmediato las autoridades comprendieron la situación y emprendieron jornadas para promover el protocolo y la denuncia.
Esa es la realidad, llena de tropiezos y confusiones, que se vive en el proceso de denunciar y sancionar el acoso sexual, no solo en las escuelas, sino en las instituciones en general.
De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en México solo el 8.6 por ciento de los delitos sexuales logran resolverse. La organización analizó los crímenes de carácter sexual que han ocurrido en los últimos diez años y detectó que de las 329 mil víctimas, sólo 28 mil han conseguido una sentencia condenatoria, lo que significa que el 91% permanece en la sombra de la impunidad. Del total de víctimas de delitos sexuales, al menos 145 mil corresponden a violación.
Por si esos datos no son lo suficientemente escalofriantes, lo son aun más el nivel de impunidad. MCCI encontró que en los últimos diez años en México se han registrado oficialmente 328 mil 931 víctimas de delitos sexuales, pero las autoridades solo han iniciado 239 mil 251 carpetas de investigación.
En los procesos de investigación fueron detenidos más de 98 mil sospechosos, pero solamente se logró dictar sentencia condenatoria en 28 mil 455 casos, mientras que se registraron tres mil 586 absoluciones.
Mientras, nos escandalizamos y debatimos si las víctimas debieron ser justicieras o no, que si denunciaron o no, que si los protocolos se cumplieron… Más bien debemos de escandalizarnos de los niveles de impunidad en la violencia contra las mujeres. ¿Esa no nos la sabemos?
