Por. Ivonne Melgar
Aun cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) deja mucho que desear como instrumento contra la impunidad en los actos de corrupción, sus informes no pueden esconder las deficiencias que hoy presenta la política social.
Nos referimos a las limitaciones en las instituciones del Estado responsables de garantizar el bienestar, la salud, es decir, el mejoramiento en las condiciones de vida de las personas.
Basta hojear los reportes de fiscalización entregados este martes por el auditor David Colmenares a la Cámara de Diputados para confirmar que la destrucción del Seguro Popular y del sistema de distribución de los insumos de salud no han sido sustituidos por ningún esquema digno de presumir.
El gobierno federal, sus secretarios y sus legisladores podrán repetir todos los días que hubo una disminución de la pobreza en tanto aumentaron en 11 por ciento los ingresos en los hogares, gracias a los programas de transferencias monetarias.
Y claro que resulta importante mejorar le poder adquisitivo de las familias en condición de pobreza, los jóvenes con riesgo de abandonar los estudios, las personas con discapacidad y los adultos mayores.
Pero repartir dinero no significa que se esté construyendo desarrollo ni que el país esté superando la desigualdad social.
Es posible que la maquinaria de la propaganda gubernamental haya logrado exitosamente desdibujar el enfoque que en los últimos 25 años se tradujo en leyes, normas e instituciones para que la pobreza fuera afrontada como un problema de varias dimensiones.
De ser así, la fuerza del discurso presidencial que criminaliza el pasado inmediato habría logrado archivar los compromisos internacionales y pluripartidistas que se formularon desde mediados de los años 90 hasta 2018 para que la superación de las carencias en México fuera más allá de la medición de los ingresos.
Las ideologías del PRI, Acción Nacional y del PRD encontraron en la agenda de la marginación y la desigualdad un punto de convergencia para definir que las soluciones radicaban en el acceso a la educación, la atención en salud, los servicios públicos, la seguridad social y la vivienda.
Ese consenso, que se tradujo en estrategias de Estado, se desdibuja, al igual que el diálogo proscrito desde el inicio del sexenio entre autoridades y organizaciones de la sociedad civil.
Por eso importan los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación, un organismo disminuido en sus señalamientos desde la paliza que el presidente López Obrador le puso por haber osado calcular el costo que implicaba la destrucción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, que ya no fue.
Sin embargo, ahí están algunas de sus observaciones. La ASF reveló que la limitada capacidad en los servicios estatales de salud para prevenir, diagnosticar y dar tratamiento al cáncer de mama y cervicouterino se traduce en la desatención de 46 por ciento de las mujeres que presentan una neoplasia.
El reporte de 2022 señala que dichos servicios refirieron a un centro oncológico a mil 830 mujeres con diagnóstico confirmado: mil 405 por cáncer de mama y 425 por cáncer cervicouterino. Esas pacientes, sin embargo, representaron sólo 54 por ciento de las 3 mil 382 mujeres con diagnóstico confirmado ese año.
La revisión se realiza a los convenios realizados entre la Secretaría de Salud y las 32 entidades federativas. En promedio, hubo un mastógrafo por cada 73 mil 537 mujeres que requerían el servicio.
En el caso de Inmujeres, la fiscalización de 355 mil 810.3 miles de pesos concluye que no hay claridad en la definición de la prioridad ni en la acreditación de los proyectos de coordinación del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (Fobam).
Al cancelar las escuelas de tiempo completo, se alegó que sus servicios serían cubiertos por el programa La Escuela es Nuestra. Si nos atenemos al reporte de la Auditoría, todo indica que aquello quedó en propaganda.
Las obras en las escuelas no cumplen con medidas de seguridad que garanticen la integridad de comunidad escolar ni la manera de reclamar a los padres de familia, a quienes no se les dio la asesoría prevista. Y no existe información que le permita a la SEP identificar los planteles que habrían ofrecido los servicios de alimentación y la extensión del horario escolar. De ese tamaño el desorden.
El descuido por la conducción de las instituciones parece norma sexenal. En 2022, la Secretaría de Salud, en su carácter de coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud, “presentó Debilidades y deficiencias en sus elementos de control interno y gobernanza, las cuales derivaron en una limitada participación en los procesos relacionados con la investigación en salud, enseñanza y atención médica”.
No hay soporte normativo específico ni lineamientos ni programa de trabajo.
Tampoco hubo evidencias sobre la evaluación de la calidad de la infraestructura hospitalaria y de los servicios de atención médica que prestan los Institutos Nacionales de Salud.
La centralización gubernamental de la agenda y su defensa bajo consignas mediáticas y politizadas ha ido desplazando, invisibilizando, ninguneando y descalificando cualquier espacio colegiado que pretenda evaluar sus resultados.
De ahí que, en medio de esa sordera, resulte significativo el contenido del segundo informe de la Cuenta Pública del 2022 de la Auditoría. Porque, aun con su tibieza, las evidencias saltan a la vista: el legado de este gobierno no incluye un andamiaje institucional para la construcción del desarrollo.
