Por. Gerardo Galarza
Dos inusitadas e impúdicas -desde el punto de vista político- fotografías publicadas la semana pasada han dado cuenta del empoderamiento de las Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército, en los cinco años recientes.
La fotografía de un presidente de la República cabizbajo y ausente entregando una condecoración al exsecretario de la Defensa Nacional, -detenido en Estados Unidos hace tres años por presuntos nexos con el narcotráfico y señalado por el presidente y muchos de sus cercanos como prueba de la corrupción de los anteriores gobiernos-, con la abierta sonrisa del actual secretario de la Defensa Nacional, no es una buena señal.
Tampoco lo es la fotografía de la candidata presidencial del gobierno visitando, dentro de su campaña electoral, el nuevo aeropuerto civil de Tulum, Quintana Roo, construido por militares, que será administrado por militares, acompañada por militares en lo que todavía es una instalación militar.
Dos fotografías que muestran públicamente el nivel de poder que han adquirido los jefes del Ejército en el gobierno que en su campaña de acceso al poder prometió regresar a los militares a sus cuarteles, de donde los gobiernos “neoliberales” los sacaron para combatir el narcotráfico.
“Abrazos, no balazos” fue la frase, casi un chiste, con la que se quiso resumir la decisión de no utilizar a el Ejército en la labores de la seguridad pública, al grado que se anunció la creación de la Guardia Nacional, una policía presuntamente civil y con mandos civiles, que hoy prácticamente está integrada al Ejército.
No sólo eso, el presidente la República promovió reformas constitucionales -aprobadas por la mayoría oficialista sin cambiar, como él ordenó, ni un coma- y legalmente ahora el Ejército permanecerá en las calles por lo menos hasta el 2028.
Se sabe hasta el cansancio que las Fuerzas Armadas (un poco más de 315 mil efectivos) actúan en muchos ámbitos que estaban reservados para los civiles. Ahora, como ocurrió en sexenios anteriores, las Fuerzas Armadas siguen a cargo de la seguridad pública, pero que también se han vuelto constructoras, administradoras, controladoras de, por ejemplo, aeropuertos y otras obras públicas, aduanas terrestres y marítimas, con la absoluta protección del gobierno federal. Por ejemplo, las declaraciones patrimoniales de los ingenieros militares que participaron en la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México han sido reservadas y protegidas durante cinco años.
Los militares están en todos lados y, sobre todo, alrededor del presidente de la República, felices según las fotografías. Y todo indica que ya comenzaron a copar a la candidata gubernamental.
Esta vez será mucho más difícil que los militares regresen a sus cuarteles y a sus labores originales de protección de la seguridad nacional.
Por ello es necesario desde ahora que las dos candidatas presidenciales hagan público su plan de la utilización de las Fuerzas Armadas en el próximo sexenio. No será fácil; cualquier intento de revertir o siquiera limitar los privilegios de poder que han obtenido las Fuerzas Armadas, será visto por sus integrantes (sus altos mandos, claro está) como una agresión o, en el mejor de los casos, como inaceptables.
La candidata del gobierno seguramente dirá que mantendrá la actual situación; la opositora es probable que proponga cambios, que son necesarios para la democracia.
Y para que ello ocurra se tiene que ganar la mayoría del Congreso de la Unión más que la presidencia (sí, aunque usted no lo crea) en las elecciones del próximo año. Una presidenta, cualquiera de las dos, sin mayoría en el Congreso estará atada de manos.
