En México el derecho al voto de las mujeres se conmemora cada 17 de octubre, desde su aprobación en 1953, cuando se reconoció que ellas podían votar a nivel federal, pero también participar para ser elegidas como candidatas a un puesto popular. Sin embargo, la lucha del sufragio femenino comenzó principalmente en el siglo XIX en diferentes países, con el objetivo de buscar el derecho a la ciudadanía de ellas. Y fue durante el siglo XX cuando aproximadamente 84 naciones lo aprobaron, asegura Georgina Cárdenas Acosta, académica de la licenciatura en Sociología de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón.
La conquista de este derecho en México, destaca María Marván Laborde, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, tuvo un momento previo al año 1953, durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, en el cual en la Cámara de Diputados y en el Senado comenzó a reconocerse el derecho al voto de las mujeres. No obstante, Cárdenas decidió no promulgar la reforma al artículo 34 de la Constitución.
¿Por qué se les negaba?
Marván Laborde explica que algunos miembros de partidos políticos, como los del Partido Acción Nacional (PAN), decían que no era útil reconocer el derecho al voto de las mujeres porque si sus esposos o sus padres votaban, entonces se asumía que todas las familias optaban por un mismo partido.
En 1947 se otorgó el derecho al voto a las mujeres únicamente a nivel municipal porque había el temor de que en México la fuerza conservadora rigiera sus votos y también se creía que no tenían autonomía porque estaban influenciadas por la religión debido a su supuesta cercanía con la Iglesia, comenta Cárdenas Acosta.
“El 12 de febrero de 1947 se consigna en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la participación de las mujeres como votantes y como candidatas, y es hasta el 17 de octubre de 1953 –en el periodo presidencial de Adolfo Ruiz Cortines– cuando se estableció como un sufragio universal. Para lograrlo se necesitó la intervención de muchas mujeres que desde el sexenio de Cárdenas solicitaban su derecho al voto”, añade.
La idea del sufragio femenino comenzó a germinar en México desde el siglo XX, cuando las mujeres formaban parte activa de los proyectos políticos posrevolucionarios. “Se preguntaban cómo a pesar de sus contribuciones continuaban sin tener derechos iguales a los de sus compañeros hombres”, precisa Amneris Chaparro Martínez, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG), de la UNAM.
“En ese sentido el feminismo es clave para la articulación y lucha política de estas demandas, así como para la forma en que las mujeres crean un proyecto político común que lleva a la consecución de derechos políticos.”
El poder es masculino
Después de que se reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser votadas existió una resistencia ideológica regida por los estereotipos de género. Cárdenas Acosta apunta que el clima era adverso hacia este tipo de participaciones porque la legislación no se acompañó por una política pública que desarrollara estrategias de sensibilización o que incentivaran su incidencia en puestos.
“A pesar de que las mujeres adquirieron el derecho al sufragio, esto no garantizó su acceso pleno a los espacios de toma de decisiones. Por un lado, nos encontramos con discursos que promueven la igualdad y la inclusión, que coexisten con una arraigada cultura política patriarcal, la cual presenta numerosas resistencias, especialmente en el ámbito político, y requiere de numerosas reformas legales para establecer el principio de paridad y garantizar su cumplimiento”, sostiene.
Entonces, ¿por qué si en la legislación se estipulaba el sufragio femenino en la práctica se continuaba relegando a las mujeres de la política? La académica refiere que se debe a la configuración masculina del poder, que estaba en discrepancia entre lo que establece la legislación y la persistencia de la subrepresentación de las mujeres. Si ellas accedían a este sistema –constituido para que los hombres accedieran fácilmente a puestos de poder– sería a cuentagotas.
Por su parte la investigadora Amneris Chaparro Martínez también observa que la dificultad que históricamente han tenido las mujeres para acceder al poder político se debe al sexismo y a la misoginia. “Por una parte hay una serie de creencias sin fundamento en las que se determina que las mujeres son más débiles y menos capaces intelectualmente que los hombres”.
Además aclara que “la misoginia reprueba y persigue sistemáticamente a las mujeres sólo por su condición de género. Muchas veces sus cuerpos, ideas, vidas sexuales, así como personales están bajo un enorme escrutinio. Y este tipo de acciones de violencia en contra de ellas en el espacio público sirven como un constante recordatorio de que no está hecho para nosotras”.
¿Qué se ha logrado?
Marván Laborde considera que en un inicio se establecieron cuotas como sugerencia, en el año 2000 ya eran una obligación y desde el año 2014 se cuenta con paridad de género en las elecciones, ejemplifica. En este sentido, Cárdenas Acosta resaltó que al principio las acciones afirmativas, como la cuota de género, eran recomendaciones que ningún partido efectuaba, por lo que se tuvo que cambiar nuevamente la legislación para obligar a que se llevara a cabo.
“Si revisamos el número de mujeres que están en cargos públicos, tanto de elección popular como de no elección popular, veremos que evidentemente hay una diferencia fundamental entre lo que sucedía en nuestro país hace 70 años y en la actualidad. Se ha obligado a los partidos a postular el 50 % de candidatas mujeres y el otro 50 % de hombres a cargos de elección popular”, analiza la investigadora.
Cifras estadísticas del Instituto Nacional Electoral (INE) muestran que en el 2014 el Congreso de la Unión estaba representado por 254 mujeres y 374 hombres mientras que en la actualidad las cifras apuntan que hay un congreso paritario, pues el 50 % lo representan mujeres y el otro 50 % son varones. Además las diputaciones locales en aquel año estaban representadas por el 26 % de ellas y ahora son el 54 %. De igual manera, en ese año habían 7 % de alcaldesas y presidentas municipales y actualmente suman el 29 %.
De acuerdo con María Marván lo que está sucediendo en México es un avance cualitativo por encima de muchas naciones, inclusive europeas, así como de Estados Unidos, en donde las mujeres están accediendo a cargos de representación popular, a pesar de que en nuestro país, hasta ahora, ninguna mujer ha ganado la presidencia.
Sin embargo, llegar a este avance cualitativo fue dificultado por constantes artimañas por parte de partidos políticos que menospreciaban el liderazgo femenino. Por ejemplo, Cárdenas Acosta menciona que la paridad simulada, término que acuñó Araceli Burguete Cal y Mayor, consistía en darles candidaturas a ellas y después de ganar las elecciones quienes realmente ejercían el puesto eran los hombres.
“Desarrollaron una estrategia que consistía en otorgarle a las mujeres puestos de titulares y a los hombres los asignaban como suplentes, para que en el momento en el que ellas dejaran esos cargos, los varones pudieran ejercerlos. Peyorativamente se les llamaba ‘Juanitas’ a aquellas mujeres que renunciaban para que ellos tomaran las decisiones y cobraran sus sueldos.”
La especialista en Sociología asegura que la ley se ha adaptado de acuerdo con los fenómenos que se han dado con el paso de los años, para garantizar el derecho de las mujeres a su participación política. Hoy vemos cómo los últimos presidentes de México han buscado activamente incluir mujeres en su gabinete, porque saben que el costo social de no hacerlo es muy alto. En la gran mayoría de los casos las han encontrado capaces, porque ya nadie se compra el argumento “de nosotros quisiéramos proponerlas, pero de dónde las sacamos”. Es evidente que no sólo ya no funciona, sino que es castigado por la sociedad, concluye María Marván.
