En su sexto y último informe, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Investigadores Expertos (GIEI) confirmaron que las policías de los tres órdenes de gobierno: Policía Municipal Policía Estatal, Policía Federal, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), estuvieron involucrados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Ante padres de los estudiantes y medios de comunicación, Angela Buitrago y Carlos Beristain revelaron que la Marina torturó a algunos de los detenidos presuntamente involucrados con la desaparición de los normalistas y con dichas declaraciones basaron la llamada “verdad histórica”.
En el informe ‘Hallazgos, avances, obstáculos y pendientes’ presentado en el Centro Cultural Universitario (CCU) de Tlatelolco este martes, refirieron contradicciones entre las declaraciones oficiales de la Semar y lo hallado por ellos.
Los expertos independientes destacaron que tanto a la Semar, como a la Sedena, se les han solicitado en repetidas ocasiones acceso a información para la investigación del caso, con respuestas negativas. Así también hallaron versiones contrarias halladas en otros reportes.
“A pesar de la voluntad política inicial, cuando se llegó al núcleo duro de la verdad de nuevo prevaleció el ocultamiento”, declaró Carlos Beristain durante su exposición.
Otro caso expuesto fue la divergencia en el caso particular de Julio César Modragón, estudiante hallado muerto y desollado la mañana del 27 de septiembre de aquel 2014, pues en un primer reporte se informó que había sido encontrado por elementos militares en la zona industrial de Iguala, mientras que un segundo reporte señala que fue en la población de Mexcaltepec del municipio de Taxco.
Asimismo, mostraron que previamente se había confirmado el flujo en tiempo real de reportes directos a la Ciudad de México, a través del Centro Regional de Fusión de Información, cuyo análisis mostró que el Centro de Comando, Comunicaciones, Control y Cómputo de Iguala (el C-4), que estaba controlado por personal militar, mantuvo en el periodo de violencia, de las 8 de la noche del 26 de septiembre de 2014 a las 6 de la mañana, una alta intensidad de intercambios telefónicos entre diversas corporaciones.
“Llama poderosamente la atención la enorme discrepancia entre las declaraciones de la mayor parte de los inculpados, que apenas refieren comunicaciones con otros actores, de lo que muestra la realidad del análisis técnico”, señala el documento.
“Por otra parte, muestra cómo diferentes grupos y corporaciones se coordinaron internamente, pero también los contactos entre varias de ellas, como Policía Municipal con Policía Federal, Sedena con Policía Municipal, OBI con mandos del 27º Batallón y jefe de Fuerza de Reacción, o el papel de ‘Caminante’ (una figura que habría tenido un papel determinante en los hechos, y sobre el que el GIEI apunta que podría ser un policía ministerial) en la comunicación y coordinación entre miembros del aparato del Estado y de Guerreros Unidos”, destaca el informe.
Cabe señalar que Ángela Buitrago y Carlos Beristain -los últimos dos de los cinco integrantes originales del GIEI-, decidieron retirarse del caso y dejar el país, debido a la falta de disposición para proporcionar información por parte de la Sedena y la Semar, a pesar de la instrucción presidencial.
“Regresamos con la promesa de que todos los archivos de abrirían. Esto ocurrió sólo parcialmente. Información relevante se siguió ocultando”, agregaron los expertos independientes.
“La negativa a proporcionar información y la contumacia ante la Fiscalía por parte de las autoridades militares no hacen más que negar lo evidente”. dijo Buitrago.
Como parte de las recomendaciones de los expertos internacionales, recomendaron a la Fiscalía General de la República (FGR) llamar a declarar a Miguel Ángel Osorio Chong, quien fue titular de la Secretaría de Gobernación y encargado del Cisen.
Redacción
