La decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump de dejar en manos del Congreso de los Estados Unidos (Cámara Baja) a los más de 800 mil jóvenes que desde el año 2012 se han beneficiado del programa de Acción Diferida para los llegados en la infancia (DACA por sus siglas en inglés) es una muestra más de que el pragmatismo político de la Casa Blanca no tiene límites.
En seis meses se podrá hacer poco o nada. Esta decisión se da en el marco del final de la segunda mesa de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) llevada a cabo en la Ciudad de México; de la visita del Presidente Peña a China donde atendió la IX Cumbre de los países emergentes denominados BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y en víspera de la discusión del presupuesto en los Estados Unidos en el que aún no se sabe si se incluirá una partida para la construcción del Muro en la frontera con México.
No es fortuita está decisión; el destinatario tiene nombre y apellido. Más del 80 por ciento de los jóvenes soñadores son de origen mexicano.
Sin llegar al fatalismo de los juicios de valor o las interpretaciones jurídicas de los conservadores, pienso que este acto saca a relucir una vez más la calidad moral de aquellos que tomaron dicha decisión.
El golpe ya está dado y a pesar de que en 6 meses se cambie de opinión, nada les quitará a estos jóvenes soñadores las preocupaciones y la incertidumbre en su cotidianidad. Hay por su puesto otras vías legales para que se mantengan en los Estados Unidos y no sean repatriados a sus respectivos países de origen. Regularizar su situación migratoria por medio de contraer matrimonio con un ciudadano o residente (la más común en los procesos de regularización migratoria) o por medio de uno de los padres que sea residente legal.
Otra opción y de la cual no se ha hablado es que sus empleadores los apoyen en el proceso de obtención de residencia, primero ofreciéndoles empleo y posteriormente comenzar con los trámites de residencia legal. Este camino es largo y costoso; además, compromete al empleador a ser el promotor del trabajador ante migración. Aquí la doble moral de muchas compañías que apoyan a los soñadores de palabra, pero no en los hechos. Nuevamente la lógica de optimización económica se impone.
No queda más que esperar que las protestas de los soñadores transiten a un movimiento organizado y logren sensibilizar a los grupos de poder y presión en Washington. De esta forma, podría lograr que se legisle al respecto o en su defecto mantener el programa DACA hasta que se pueda lograr concretar la tan anhelada reforma migratoria integral.
No es justo que este grupo sea víctima de las coyunturas y estrategias políticas de los operadores de Trump. Lavarse las manos no es un acto de responsabilidad política, sino que deja claro que, como en muchos otros lados, el sentido humano solo tiene cabida en los discursos.
Mientras esto sucede, no sé si en México se está instrumentalizando la versión del “Plan B” en materia migratoria (recepción de jóvenes repatriados). Ojalá y sí, de lo contrario, sumaremos un pendiente más a la larga lista de ineficiencias en materia de política pública.
Artículo del doctor Adolfo Laborde. Analista internacional. Profesor Investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac http://adolfolaborde.com/
