La ministra Norma Piña Hernández, presidenta del Poder Judicial de la Federación, sometió a consulta de los integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal de no resolver la acción de inconstitucionalidad 29/2023 (Plan B) y sus acumuladas, hasta en tanto no se pronuncie sobre otra acción presentada en 2018, en contra del decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social.
Al respecto, las 11 ministras y ministros determinaron por unanimidad que no es factible atender dicha petición, ya que la impugnación presentada en 2023 se listó con fecha fija para el próximo lunes 8 de mayo, en términos de la legislación aplicable, toda vez que se ha tramitado con el carácter de electoral.
“El Pleno consideró que el análisis que se realiza este lunes no provocará el dictado de sentencias contradictorias ni afectará los principios de seguridad y certeza jurídica, ya que en este asunto se impugnaron procedimientos legislativos que son distintos a los controvertidos en 2018, a pesar de que se trate de la misma norma (Ley General de Comunicación Social)”, refirió el máximo tribunal en un comunicado.
Asimismo, aclaró que el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas -a la cual no se le dio el trámite de materia electoral-, no ha sido entregado a la Secretaría General de Acuerdos de la SCJN.
El día de ayer, la Presidencia de la República señaló a la SCJN de sustituir al Congreso de la Unión, si invalida el Plan B de la reforma en materia electoral.
A través de un comunicado, el gobierno negó que no se cumplieran las formalidades del proceso legislativo, como lo argumentó el ministro instructor que propuso anular la totalidad del decreto por el que se reforman las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas por el Poder Legislativo en diciembre de 2022 (plan B).
