En su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Guardia Nacional dependerá de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), luego de que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional su traslado a la Sedena.
Asimismo, instruyó a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, a mantener como comandante de la corporación al general retirado, David Córdova Campos, “por su buen desempeño”.
Informó que el 1 de septiembre de 2024, antes de terminar su mandato y cuando ya esté en funciones la nueva legislatura, presentará una nueva iniciativa de reforma constitucional para insistir en que la Guardia Nacional dependa de la Sedena.
Espera, dijo, que la aprueben antes del último día de su gestión como presidente de México.
“Que pueda yo dejar esta reforma constitucional que es importantísima porque es un blindaje para que no vaya a suceder lo que se padeció, que la seguridad pública estaba en manos de la delincuencia”, aseveró.
Sostuvo que en la resolución de ayer en la SCJN, ocho ministros —a excepción de tres—actuaron de manera facciosa y no tuvieron criterio jurídico sino político.
Acusó que defendieron “las antiguas prácticas del régimen autoritario y corrupto caracterizadas por la injusticia, el contubernio y la subordinación de las autoridades a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco”.
El presidente López Obrador señaló que los ministros están al servicio de las cúpulas de poder y no de la mayoría del pueblo de México.
Como parte de los cinco puntos de su pronunciamiento, el jefe del Ejecutivo anunció que, con el objetivo de mantener el buen funcionamiento y la consolidación de la Guardia Nacional, la secretaria Rodríguez Velázquez recorrerá todas las instalaciones y cuarteles de la Guardia Nacional en la República para informar a los 130 mil elementos que mantendrán sus salarios, prestaciones y ascensos en las mismas condiciones que los integrantes de las Fuerzas Armadas.
- El secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, puntualizó que, de las plantas adquiridas a Iberdrola, 12 son de ciclo combinado y una es eólica. En conjunto tienen una generación de 8.5 gigas y se suman a 52.7 gigas de capacidad del Estado.
Destacó que la demanda de México es de 48.1 gigas, por lo que la compra más la capacidad actual de la CFE abastecerá la totalidad de la demanda.
“La parte de capital de riesgo, que es la toma Fonadín estrictamente es dinero disponible, la otra parte es financiamiento y es deuda, pero esa deuda ya la incurre el vehículo que Fonadín crea para hacerse cargo del proyecto.
“Mayor escala va a permitir, como en todas las empresas, aumentar la escala de la producción, aumenta las eficiencias internas y da sobre todo a la Comisión una mayor participación en un mercado de alto crecimiento, que es el de nornoroeste, en donde tiene sólo el 4.5 por ciento hoy; pasaría a tener una capacidad mucho mayor. El incremento en la vida promedio de las plantas a cargo del Estado en este escenario actualmente es de ocho años, las nuevas tienen 28 años y esto nos daría una mejora en la edad promedio de la planta nacional”, explicó.
La compra significó 5 mil 943 millones de dólares, el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) está a cargo de la operación y no significa recurrir a deuda. La Comisión Federal de Electricidad, acotó el titular de la SHCP genera utilidades operacionales y al mismo tiempo dividendos.
“La operación se paga en 10 años, en 10 años estamos con un ingreso que proviene del flujo de los recursos superior a la cantidad de dos mil 400 millones de dólares que invertimos de origen en el costo de la adquisición del capital de riesgo. (…) Estamos viendo varias ventajas, no solamente es el hecho de que disponemos de una capacidad de generación del 55.5 por ciento ahora, sino de que es un flujo interno, esto se paga, entra el dinero de Hacienda, pasa por el Fonadin, y finalmente se recupera y lo recupera Fonadin”, puntualizó.
- El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, destacó que la percepción de inseguridad entre los mexicanos ha disminuido de manera gradual durante el presente sexenio, al colocarse en marzo de este 2023 en 62 por ciento, lo que representa una reducción del 11.6 por ciento desde 2018, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi.
“En marzo del 2023, 62 por ciento de la población de 18 años o más considera que en términos de delincuencia vivir en su ciudad es inseguro, o sea, que tiene una sensación de inseguridad, pero esta sensación ha ido bajando de manera muy importante, tan sólo en el último año ha bajado cuatro puntos esta percepción, 4.1 de acuerdo al Inegi. Y si tomamos en cuenta el inicio de la administración, en el 2018, diciembre de 2018, actualmente la reducción de la percepción de inseguridad es del 11.6 por ciento, algo que son datos muy relevantes, los más destacados en los últimos 10 años”.
En este marco, destacó que es el índice más bajo de percepción de inseguridad a lo largo de estos 10 años.
- El titular del Ejecutivo federal aseguró que la extinción o fusión de 18 órganos descentralizados no se traducirá en despidos, luego de que la tarde de ayer enviará una iniciativa para este propósito a la Cámara de Diputados.
“No se despide a nadie, los trabajadores tienen garantizado sus puestos, no hay ningún problema. Se liquidan estos organismos porque no son necesarios, los crearon en la época del derroche, de los gastos superfluos”, destacó.
Agregó que los ahorros que se obtengan con estas fusiones se destinarán a la gente que más lo necesita
“Y, además, no ayudan a la gente, no son para beneficio del pueblo, es para que el gobierno se siga tragando el presupuesto público, porque el gobierno estaba ensimismado, la mayor parte del presupuesto se quedaba en el mismo gobierno para mantener al gobierno, era un gobierno mantenido y bueno para nada.
“Entonces, ya no, ahora todo lo que podamos ahorrar es para entregárselo a la gente, devolvérselo al pueblo, porque el presupuesto es dinero del pueblo, no es dinero del gobierno, no es dinero de los funcionarios, es dinero del pueblo”.
El presidente López Obrador declaró que el proceso de extradición de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, llevará tiempo, pues aún se tienen que desahogar dos amparos y recursos legales en curso.
“Pues sí, se hacen los trámites, pero son procesos que llevan tiempo. No sé si se acuerdan que, primero, se recurrió al argumento o la excusa o el pretexto de que no era él el que estaba detenido, que no era Octavio, entonces… Ovidio. Entonces, eso lleva un tiempo. Para eso lo hacen los abogados, porque hay que demostrar de que se trata de Ovidio, entonces lleva tiempo.
“Mientras eso no se desahogue no se puede continuar con otros trámites.
“Luego, hay otros amparos y depende de los jueces. Entonces, vamos a esperar a ver qué resuelven”, relató.
Redacción
