El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una segunda demanda de Controversia Constitucional en contra del Plan B en materia electoral, promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se trata del Decreto por el que se reforman la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de marzo de 2022.
El INE argumentó que recurrió a este recurso para defender no solo su autonomía sino el Estado democrático establecido en la Norma Suprema, ante, lo que consideró un “cúmulo de violaciones constitucionales detectadas en aproximadamente 200 artículos de la reforma que vulneran 25 disposiciones constitucionales”.
Esta Controversia Constitucional se suma a la presentada por el INE el pasado miércoles 1 de febrero, en contra del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022.
En la demanda presentada hoy, se solicita al máximo tribunal que “otorgue una suspensión y, en tanto se pronuncia sobre el fondo de las controversias, se interrumpa la aplicación de la reforma y, por lo tanto, de sus efectos, de manera particular por lo que hace a la afectación a los derechos fundamentales de quienes integran el Instituto Nacional Electoral”.
La Controversia Constitucional que presentó el INE está articulada en cuatro ejes fundamentales.
