La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó la desaparición de los defensores de derechos humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, ocurrida la noche del domingo 15 de enero, en Cerro de Ortega, municipio de Tecomán, Colima.
Derivado de ello, la ONU-DH hizo un urgente llamado a las instituciones del Estado mexicano a coordinar de manera inmediata la búsqueda con vida de los dos defensores.
De acuerdo con la información recibida por la ONU-DH, los defensores se encontraban llevando a cabo actividades relacionadas con su labor de defensa de derechos humanos cuando tuvieron la última comunicación con sus familiares. Posteriormente, la camioneta en la cual viajaban fue localizada abandonada, con impactos de arma de fuego, cerca de Cerro de Ortega. El paradero de ambos defensores es desconocido.
Ricardo Lagunes es abogado y ha colaborado en la defensa de derechos humanos con diversas organizaciones, nacionales e internacionales, incluyendo litigios ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Antonio Díaz es integrante de la Comunidad indígena de San Miguel de Aquila, profesor y defensor de derechos humanos, quien ha sido crítico y opositor al desarrollo de la mina Aquila, en operación desde 1998.
“La desaparición de estos dos defensores es un hecho terrible y alarmante. En México defender los derechos humanos es una labor absolutamente primordial, que debe ser protegida. Este crimen no sólo socava los derechos humanos de ambos defensores, sino que busca generar temor en quienes defienden los derechos que reconoce la ley. No es aceptable que quienes defienden nuestros derechos tengan que hacerlo a costa de su libertad, su integridad o su vida” destacó Guillermo Fernández-Maldonado Castro, Representante en México de la ONU-DH.
“Es importante notar que al menos uno de los defensores contaba con medidas de protección del Estado, que no lograron impedir su desaparición”, agregó.
A través de un pronunciamiento, la ONU-DH recuerdó que el Estado mexicano tiene una obligación reforzada para proteger a las personas defensoras de derechos humanos, incluidas las personas defensoras del medio ambiente.
Asimismo, la organización recomendó llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva y eficaz que permita esclarecer los hechos y sancionar a todos los responsables.
