Por. Gerardo Galarza
En cuatro años el obradorato no había tenido una semana tan complicada como la primera de enero de este 2023.
En sólo cinco días, los hechos se mostraron como señales del desastre nacional que se ha vivido, se vive y se vivirá.
En el primer día hábil de nuevo año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hubo de renovar su presidencia. La apuesta del gobierno federal era fortalecer su ya inmenso poder político a través de un mayor control del Poder Judicial de ya logrado mediante la del presidente saliente, Arturo Zaldívar.
Y era y es importante puesto que la SCJN es la última instancia en la que podrá ser revisadas y, en su caso, aprobadas o rechazadas las reformas a la legislación electoral conocidas con el “Plan B”, que pretender prácticamente cancelar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), para que los procesos comiciales se manejen desde el Poder Ejecutivo.
Ya se conoce el escándalo previo a la selección del presidente de la SCJN, cuando públicamente se denunció a la principal aspirante al cargo, Yasmín Esquivel, como plagiaria de su tesis de licenciatura, lo que evidentemente le impidió obtener la presidencia del tribunal supremo.
La decisión de la UNAM sobre ese plagio y sus consecuencias siguen pendientes aún, pero la mayor casa de estudios del país no podrá evitar asumirla, so pena de un desprestigio incuantificable. Y si ese título obtenido de manera fraudulenta fuese retirado, el Poder Judicial deberá revisar todos los casos en los que tomó decisiones o participó en ellas la señora Esquivel. De acuerdo con la ley, para ser juez, magistrado o ministro se requiere ineludiblemente poseer el grado de licenciado en derecho.
Luego vino la captura del presunto narcotraficante Ovidio Guzmán, aprehendido hace cuatro años y dejado en libertad de inmediato por orden del presidente de la República, con 30 muertos, entre delincuentes y miembros de las Fuerzas Armadas y principalmente el terror y la zozobra para los habitantes del municipio de Culiacán, Sinaloa, y otras zonas donde los bloqueos, incendios, robos, saqueos y balaceras se extendieron. Los abrazos no funcionaron.
La semana terminó con una nueva tragedia, oficialmente definida como “incidente”, en el Metro de la CDMX: una muerta y 60 heridos, mientras la jefa de Gobierno se encontraba en Morelia, Michoacán, en plena precampaña política electoral, prohibida expresamente por la ley, disfrazada con la conferencia “Políticas Exitosas de Gobierno”.
El “incidente”, evidente producto de la falta de mantenimiento al principal sistema de transporte colectivo de la capital del país, aunque ya se diga que también se investiga un “sabotaje”, golpea severamente la imagen (ilegalmente promovida en todo México mediante bardas y anuncios espectaculares) a supone la precandidata –“corcholata”, según el lenguaje presidencial- favorita para ser postulada por Morena en el 2024.
En condiciones más o menos “normales”, la desastroza gestión de la jefa de Gobierno de la CDMX no la haría viable como candidata presidencial y eso suponen ahora muchos analistas y presuntos opositores de fuera y dentro de su partido político. Pero, el caso es que esa candidatura será resuelta solo, exclusiva y únicamente por el presidente de la República y si él dice va, pues irá.
Lo que no puede ser escondido ni siquiera disfrazado es que estos tres escandalosos hechos -sin contar los ya conocidos en cuatro años- muestran el desastre de lo que México tiene por gobierno y, peor, que se irá incrementando, lo que no quiere decir que esté derrotado, como ingenuamente suponen algunos “opositores”.
