Por. Ivonne Melgar
A finales de la 64 legislatura, en agosto de 2021, en la presentación del libro Las mujeres ¿en dónde estamos? de las entonces diputadas Martha Tagle y Fabiola Loya (Movimiento Ciudadano), la ministra Norma Piña Hernández hizo una reflexión profunda al compartir con las autoras la necesidad de un imprescindible cambio cultural para alcanzar la igualdad sustantiva: “Nos hemos educado en una sociedad heteronormativa, patriarcal y machista, el riesgo de normalizarla e incluso de reproducirla nosotras mismas es muy alto”, expuso en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
“Si no rompemos estos roles basados en el binomio tradicional de lo femenino frente a lo masculino, con las cargas sociológicas que ello implica, entonces ¿cómo podríamos influir en este cambio cultural indispensable para erradicar la violencia de género y lograr la igualdad sustantiva entre varones y mujeres?, ¿cómo podríamos construir una sociedad distinta al patriarcado que hoy impera?, ¿cómo podríamos combatir la violencia de género, si no visualizamos la discriminación y la opresión?”, preguntó .
La presencia y las palabras de la ministra Piña cobraron especial relevancia no solo porque fue evidente la acuciosa lectura que había hecho del libro, sino por la honestidad con la que dimensionó el reto de un cambio cultural y educativo para cumplir con las responsabilidades de los servidores y de las autoridades: “hacer cumplir nuestra Constitución que nos mandata la obligación de promover, respetar y proteger los derechos de todo ser humano”.
Esa sencilla definición de Norma Piña confirma el optimismo de quienes –preocupados y ocupados en preservar nuestra democracia constitucional– hemos celebrado su designación al frente del Poder Judicial.
Hubo en aquel mensaje de hace 16 meses pedagogía, compromiso y claridad de parte de una mujer con 34 años de trayectoria en la impartición de justicia como proyectista, jueza, magistrada y ministra. Y con un antecedente clave: maestra normalista de origen.
“Seguimos en este camino porque hoy la igualdad sustantiva y el respeto, reconocimiento y protección de las mujeres, adolescentes y niñas no constituye una realidad, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial”, expuso.
La ministra dijo a las diputadas que resultaba indispensable contar con un andamiaje jurídico que garantice una vida libre de violencia, “más aún para aquellas mujeres que sufren discriminación interseccional, es decir, aquellas cuya existencia se define por el cruce de dos o más condiciones de vulnerabilidad”.
Esa definición de la presidenta de la SCJN explica su voto a favor de los derechos de las personas trans y de los vientres de alquiler, asuntos que algunas colectivas feministas cuestionan.
Habrá controversia al respecto, como amerita en una sociedad plural. Pero no sobre la certeza de su compromiso con los derechos humanos y el equilibro de los poderes.
En septiembre de 2021 escuchamos sus argumentos en contra de la penalización del aborto bajo consideraciones que, remarcó, pretendían juzgar la conducta sexual de las mujeres, al limitar la interrupción del embarazo en casos de violación.
Meses más tarde, la veríamos actuar con una singular firmeza fundamentando sus votos sobre los aspectos que valoró inconstitucionales en la Ley de la Industria Eléctrica. Y así en tantas otras controversias que confirmaron su autonomía frente a la pretensión oficial de hacer válidas modificaciones secundarias sólo viables con el visto bueno de la mayoría calificada de los diputados y senadores.
Una independencia que ella misma definió cuando compareció en diciembre de 2015 ante los senadores: la tarea más relevante de un ministro de la Corte es proteger la democracia sustantiva contenida en los principios y derechos humanos reconocidos en la Constitución.
En aquella coyuntura destacados protagonistas de la vida pública le negaron su voto y su confianza: Manuel Bartlett, Zoé Robledo, Benjamín Robles, Layda Sansores, Mario Delgado y la propia Martha Tagle, entre otros. Y es que representantes del PRD y del PT alegaron que los perfiles enviados por el presidente Peña Nieto para relevar a la ministra Sánchez Cordero no eran idóneos o que había llegado la hora de cambiar el sistema de elección, cancelando la facultad del Ejecutivo federal de proponer la terna de candidatos.
Resulta interesante que una vez en el gobierno y en el poder, los impugnadores de hace siete años ya no se inconformen con ese método.
En aquel debate parlamentario hubo tres senadoras que con valentía defendieron la solidez de las magistradas propuestas y levantaron la voz en contra de lo que calificaron de misoginia: la perredista Angélica de la Peña, la panista Adriana Díaz Lizama y la priista Diva Gastélum, impulsoras en el sexenio anterior de los prolegómenos de la revolución paritaria que se protagoniza en México.
Vale la pena revisar la comparecencia de Norma Piña para concluir que, sin duda, hubo regateo y mezquindad.
“Si tanto les molesta el paso de las mujeres, se van a tener que enseñar, se van a tener que aguantar, porque el trabajo de las mujeres en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, en la sociedad misma, ya nadie lo va a parar”, auguró desde la tribuna la senadora Gastélum en diciembre de 2015.
Y tenía razón.
