Por. Gerardo Galarza
“Con todo respeto”, con el mismo significado e intención que él ha utilizado esta muletilla desde siempre, al presidente de la República es necesario decirle, recordarle, advertirle que sus palabras, cualesquiera que sean, tienen consecuencias en la vida nacional, la pública y la privada.
No es ningún secreto ni siquiera novedad que las palabras dichas por quienes tienen algún poder provocan consecuencias, a veces muy graves entre quienes las escuchan e interpretan. Pero, sin duda alguna, los fanáticos, empleados, seguidores, admiradores de aquellos que ejercen cualquier tipo de poder (político, económico, religioso, social, comunal, mediático, etcétera) pueden interpretar esas palabras como órdenes o guías de acciones sugeridas y también “ayudar” su “líder” a deshacerse de sus enemigos.
La historia y la tradición demuestran que en México no hay mayor poder que el del presidente de la República.
Desde siempre en México, para decirlo a la manera de José Alfredo Jiménez, la palabra del presidente de la República es la ley, por encima de la ley.
Ya lo hizo explícito el actual presidente: “no vengan conque la ley es la ley”, porque para eso está su palabra, la del rey, el tlatoani, cacique, el único, el padre de todos, el jefe máximo, el líder nato, el patrón, el todopoderoso y, ahora, el mesías, a quien “la gente” le hace caso.
En el mundo criminal (el escribidor también “cubrió” algún día la fuente policiaca) se sabe que “poner el dedo” -amenaza o señalamiento a alguien considerado su enemigo, sí, así como en las películas de mafiosos- significa una orden para los sicarios de quien puede dar “el dedazo” y que la cumplirán para quedar bien con el padrino en turno. También se sabe que, si esa amenaza es pública, el primer sospechoso de cualquier atentando contra el señalado es “quien puso el dedo”, aunque no haya sido el autor, por los reales agresores aprovechan esa amenaza para desviar la atención hacia el amenazador.
Por ello, los viejos, y sí corruptos, policías recomendaban que quien hacía una amenaza pública de inmediato debería convertirse en el primer protector del amenazado, porque cualquier rasguño que éste sufriera le sería adjudicado.
Hace 40 años, el periodista Manuel Buendía fue asesinado. El primer sospechoso de ese crimen fue el entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Figueroa, quien lo había amenazado por lo publicado en la columna “Red Privada”.
Desde hace 40 años, en la Ciudad de México no ocurría un atentado contra un periodista como el de la noche del jueves 15 de diciembre contra Ciro Gómez Leyva, nombre frecuente contra el que carga el presidente de la República en sus llamadas “mañaneras”, entre muchos otros. Esa mañana lo había vuelto a mencionar junto con otros dos periodistas.
El presidente debería saber, debe saber, sabe que en México su palabra es interpretada como ley u orden por sus fanáticos. Que las listas de sus críticos que difunde todos los días, -en un presunto derecho de réplica que en todo caso debería exigirlo a los medios donde esos periodistas publican- son en realidad listas negras. Sus fanáticos buscarán “hacerle” el favor de deshacerse de ellos, tan incómodos para su gobierno; y otros aprovechar para culparlo en primera instancia.
El presidente lo sabe y debería actuar en consecuencia, y no “poner el dedo” a nadie, a menos que ese sea el sentido de sus menciones. Y los mencionados pues, en principio, extremar las precauciones.
