Por. Gerardo Galarza
La ruptura priista de la alianza opositora para impedir modificaciones constitucionales promovidas por el gobierno de Morena en lo que resta del actual sexenio, pone en grave riesgo a la quizás única institución surgida de luchas populares a los largo casi de 100 años del régimen político de la Revolución mexicana: el Instituto Nacional Electoral (INE), antes Instituto Federal Electoral (IFE).
Rota esa alianza por decisión del dirigente nacional del PRI, alguien conocido como Alito, el gobierno federal se propone ahora modificar las facultades y estructura del INE, con el objetivo de tener el control de las elecciones en el país. Como en los peores tiempos del PRI. Todo hace suponer que lo logrará con los votos de los legisladores priistas, como en los viejos tiempos.
El INE, antes IFE, es quizás la mayor institución surgida de luchas populares en favor del sufragio efectivo, un reclamo de la revolución de 1910. A partir de junio de 1994 , el entonces IFE logró arrebatar el control de las elecciones al gobierno federal. Es decir, millones de probables votantes –la inmensa mayoría de aquellos que hoy tienen entre 18 y 40 años de edad- no saben que existió aquello que se llamó Comisión Federal Electoral (CFE), a través de la cual la Secretaría de Gobernación organizaba y controlaba la elecciones.
La debacle popular y política de la CFE ocurrió luego de las elecciones de 1988, cuando la mayoría de la población tuvo la certeza de que el gobierno le hizo fraude al opositor candidato a la presidencia de la República Cuauhtémoc Cárdenas. Aquella CFE era presidida por Manuel Bartlett Díaz, entonces secretario de Gobernación del gobierno de Miguel de la Madrid, y hoy uno de los funcionarios federales, titular de otra CFE (la de electricidad), más notables y protegidos por el actual gobierno federal.
Las luchas y protestas populares de muchos años -por lo menos desde 1946- consiguieron la creación de un organismo electoral autónomo entonces llamado IFE, hoy INE, y que para fortuna de los mexicanos todavía prevalece.
Sin embargo, el gobierno federal, surgido de una elección organizada, vigilada y sancionada por el INE, pretende reformar la legislación vigente para regresarle al aparato gubernamental la organización y el control de los procesos electorales en todo el país, con “argumentos” populistas como limitar el gasto electoral –“que no haya elecciones caras”- y que los consejeros electorales sean electos directamente por los votantes, entre otros.
Cualquier limitación o cancelación de las facultades o la mínima pérdida de autonomía que la Constitución le otorga al INE es un golpe a la democracia, promovido desde el gobierno. Los golpistas pretenden controlar los derroteros de la voluntad popular como siempre lo hizo en el PRI, en cualquiera de sus versiones, para permanecer en el poder.
Es muy probable que el gobierno de Morena, con el apoyo del PRI en el Congreso de la Unión, consiga una reforma electoral que sea un golpe gravísimo a la todavía frágil democracia mexicana.
El hecho demostrará que el actual gobierno es realmente el de la cuarta transformación… del PRI, que originalmente fue el Partido Nacional Revolucionario (PNR), luego del Partido de la Revolución Mexicana (PRM), después el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y hoy se llama Morena.
Que nadie se llame a engaño (“¿cómo iba a saberse?”): cualquier modificación legal contra la autonomía del INE es en la práctica un golpe de Estado, y los potenciales golpistas lo saben bien.
