Por. Gerardo Galarza
“Quienes integramos las instituciones tenemos el compromiso de velar por la unión nacional y debemos discernir de aquellos que, con comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales, antes que los intereses nacionales, pretenden apartar a las Fuerzas Armadas de la confianza y respeto que deposita la ciudadanía en las mujeres y hombres que tienen la delicada tarea de servir a su país”, es una frase textual que pronunció el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, durante su discurso del Día de los Niños Héroes.
Esa es la frase que conocemos a través de los medios quienes no estuvimos en esa cerenomia oficial. En otras palabras: quienes critican al gobierno, no están de acuerdo con sus políticas o de plano se oponen a ellas, -por cierto en ejercicio de los derechos que otorga la Constitución-, emiten comentarios tendenciosos, surgidos de sus intereses y ambiciones personales con los atacan la unidad nacional y pretenden que los ciudadanos no tengan confianza en las Fuerzas Armadas (¿las institucionales o las paramilitares del crimen organizado?) del país. La amenaza a la libertad de expresión, en cualquiera de sus formas, es muy clara.
Es notable la utilización del verbo “discernir” en esa frase. De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española la primera acepción de ese verbo y la única aplicable en este caso es “distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Comúnmente se refiere a operaciones de ánimo”.
En el lenguaje de la llamada Cuarta Transformación lo que se dijo fue: “no somos iguales”. Y también: los críticos son tendenciosos y su pretensión es dañar la unidad nacional, y entonces las instituciones y sus miembros están obligados a “discernirlos”.
El discurso del general Sandoval se da en medio del debate sobre la conversión de la Guardia Nacional (creada por el actual gobierno) de una institución legalmente civil (aunque en los hechos no lo fuera) a una fuerza integrante del Ejército Nacional, que con ello, -si prospera esa reforma-, se encargará aún más de la seguridad pública. Es decir, un avance más en la militarización del país, criticada y repudiada por los opositores y los “tendenciosos” ya en los ámbitos interno e internacional.
Una de las mayores promesas del candidato Andrés Manuel López Obrador fue regresar a los militares a sus cuarteles. La creación de la Guardia Nacional a eso contribuiría, pese a que desde su inicio tenía una estructura y origen militar. Sus panegiristas se desvivieron en afirmar que tendría un mando civil, que nunca tuvo. Con la misma vehemencia de sus seguidores, habrá que preguntarle al general secretario dónde estaba cuando el candidato López Obrador criticaba y se oponía a la militarización del país. ¿El hoy presidente fue tendencioso y atentó contra la unidad nacional?
En septiembre del 2022, las Fuerzas Armadas están más que nunca en las calles. Los militares ahora son constructores de obras públicas (el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya son las más emblemáticas, de las que además serán concesionarios), controlan las aduanas terrestres, marítimas y aéreas, también la migración de los “ilegales”, la distribución de medicamentos, ya tienen en predominio en la seguridad pública (imagine usted a un policía municipal o estatal oponiéndose a la arbitrariedad de un militar en cualquier ciudad o ranchería) que podrá volverse control total si mañana se aprueba la reforma en en Senado. Y no hay mejoría en la seguridad pública; al contrario: han sido los peores cuatros años: asesinados y desaparecidos se apilan en cifras escandalosas.
Los militares gobiernan ya. Lo único que les falta es ocupar formalmente la presidencia de la República. ¿La buscarán para no perder el poder y sus privilegios?
