Incompleto, manoseado y en medio de la incertidumbre, este miércoles entró en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción.
Su principal tarea, nada menos, será enfrentar el peor de los daños que nos aqueja desde hace mucho tiempo. Flagelo que ha llevado a México a recurrentes crisis y que vulnera ámbitos como la pobreza, economía, educación e incluso a nuestra inestable democracia: la corrupción.
Ante el escepticismo, un nutrido grupo de organizaciones ciudadanas, empresarios, académicos y activistas, conformaron el colectivo #VamosPorMás, para demandar acciones reales y hechos contundentes contra la corrupción.
Los buenos deseos de autoridades y funcionarios no tienen cabida.
Para legitimar, al grupo de reconocidas y confiables personalidades que supervisarán las políticas públicas del Sistema Nacional Anticorrupción, se necesita una fiscalía autónoma e independiente que investigue, sin ningún sesgo, los casos de corrupción.
La clase política y algunas instituciones públicas son las culpables del malestar social y la desconfianza que hay entre los ciudadanos. Los discursos hacia los corruptos ya nadie se los cree.
Es por ello que además del Sistema Nacional Anticorrupción necesitamos vigilantes, observadores, activistas, más y mejor periodismo de investigación y la contribución de la sociedad, para juntos, hacerle frente a los corruptos.
No voy tan lejos, en las últimas semanas tres noticias que tienen que ver con corrupción acapararon la atención y la irritación los mexicanos.
El socavón del Paso Exprés en la autopista México-Cuernavaca, donde murieron dos personas. Lejos de descubrir culpables de las irregularidades que hubo durante la construcción o de responsables por actos de negligencia, nos encontramos con la insensibilidad de un funcionario que calificó como “mal rato” el hecho de que una familia haya perdido a dos seres queridos. Para las autoridades no hay más responsables que la basura y las intensas lluvias, sin importar cuánto costó una vialidad que presumieron y resultó mal hecha.
En el Instituto Nacional Electoral nos restregaron en la cara que no hay manera de fiscalizar los millones de pesos que entregan a los partidos políticos y que éstos gastan en las campañas de sus candidatos. Una autoridad rebasada. Resulta que después del lodazal que hubo en las elecciones del Estado de México, no encontraron ninguna ilegalidad como para anular la tan competida y sucia elección.
Según Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, desde el 2014 los controles de fiscalización por parte del Instituto son más robustos y eficaces. ¿Será? Hasta hoy, ninguna elección ha sido anulada porque los contendientes rebasaron los topes de campaña.
Haya sido por presión de los partidos, por vacíos de la Ley Electoral o por la incapacidad de la oficina encargada de auditar, el INE se hizo pequeño. La pregunta está en el aire ¿Tendrá el INE la capacidad y la independencia para organizar y conducir el proceso electoral del 2018?
Desde Guatemala recibimos una cínica afirmación: “que empiece el show”; así se expresó Javier Duarte al salir de la celda donde estaba recluido, antes de ser extraditado a nuestro país. ¿Por alguna razón hizo ese comentario?
Y aunque nos moleste su descaro, quizá tenga razón. De los más de 439 millones de pesos que la PGR le imputa, por desvío del erario y lavado de dinero, la procuraduría solo pudo acreditar la irrisoria cantidad de 38.5 millones de pesos.
Su abogado fue más allá, aseguró que las acusaciones tienen “flaquezas impresionantes”.
Sería catastrófico que argucias penales dieran la posibilidad de quedar libre al gobernador que saqueó, endeudó y dejó ensangrentado a Veracruz.
La PGR debería tener muy claro que el horno no está para bollos.
Esas tres muestras de corrupción exigen, como lo pide el frente anticorrupción #VamosPorMás, cambios legales para terminar con la corrupción en las obras públicas y para vigilar el financiamiento a los partidos políticos, así como retirar el fuero que otorga impunidad a funcionarios, legisladores y gobernadores.
Frente a ese escenario inicia hoy el Sistema Nacional Anticorrupción. Sin Fiscal Anticorrupción ni magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.
Dicen por ahí que lo que mal empieza, mal acaba. Ojalá y por el bien del país no sea así.
