Por. Saraí Aguilar
El Seguro Popular ni era seguro ni era popular. Con esa frase como bandera, el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la desaparición del servicio médico. El 14 de noviembre del 2019 el Senado aprobó la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), en sustitución del programa lanzado en el sexenio de Vicente Fox y sostenido por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Y tras poco más de dos años de pretender operar, pues nadie supo a ciencia cierta cómo funcionaba, el Insabi prácticamente está en vías de extinción.
Cabe recordar que el Insabi inició su gestión sin saber cómo operaría. Así, sin certezas ni lineamientos operativos claros pero con el objetivo claro de borrar el rastro de todo aquello que sonara “neoliberal”, cualquier cosa que esto signifique o lo que el presidente quiera que signifique, se borró la existencia de este sistema de salud.
Si bien seis exsecretarios escribieron una carta pública sobre la necesidad de discutir ampliamente el tema antes de aprobar los cambios legales, ya que dejarían en la incertidumbre a los derechohabientes del Seguro Popular, la mayoría legislativa del partido oficialista operó como lo han hecho los otrora partidazos: a la orden del presidente pues primero está la bancada que la gente.
La desaparición del Seguro Popular responde a razones ideológicas y no técnicas, criticaron los exsecretarios de Salud, Julio Frenk Mora y Salomón Chertorivski Woldenberg, quienes coincidieron en que no hay un diagnóstico claro de cómo funcionaría el Insabi. Fueron linchados mediáticamente a pesar que cada día eran mayores las quejas de las mujeres que vieron suspendidos sus tratamientos oncológicos, pues se quedaron sin la cobertura de enfermedades catastróficas. Como si la imposición de una transformación bien implicara mártires.
Hoy, tras pacientes abandonados, presupuesto erogado y (mal) gastado, se da borrón no con un plumazo, sino con un discurso en la conferencia matutina. Sin explicar o rendir cuentas de lo que se supone que tendría que hacer el Insabi, ahora se dio a conocer que su función fundamental –brindar servicios de salud a personas no aseguradas– las absorbería a partir del próximo mes el IMSS Bienestar.
Zoé Robledo, director del IMSS, anunció hace una semana el ajuste y que se arrancará a partir del 1 de abril en Nayarit, y con ello no se da más transparencia.
La causa, aunque no la mencionaron, fue la evidente incapacidad para realizar la compra y distribución de medicamentos para más de 35 millones de mexicanos que presentaron problemas para acceder a los servicios de salud desde el 2020. (Proceso 3-17-2022). Y la solución –más bien ilusión– es que para 2024 los hospitales de salud a cargo de los gobiernos de los estados se conviertan en hospitales del IMSS-Bienestar. Y si bien pueden lograrlo por decreto, lo que queda en duda es la posibilidad y capacidad del gobierno federal para otorgar el servicio médico y dotación de medicinas para cerca de 69 millones de personas que no tienen seguridad social.
¿No era más fácil de inicio privilegiar la salud que la ideología? ¿La salud sobre los rencores políticos?
¿Reconocer que el “primero los pobres” implica sacrificar el ego personal para continuar programas que han funcionado?
Al parecer no. Y si el Seguro Popular no fue seguro ni popular, el Instituto del Bienestar ni siquiera alcanzó a arrancar.
