Por. Gerardo Galarza
Decir que los salarios de los periodistas están sujetos al escrutinio público porque las empresas en las que trabajan venden espacios publicitarios al gobierno, es -así muy jodido- un sofisma, que nunca llegará a argumento. Equivale a afirmar que los arquitectos, ingenieros, secretarias o albañiles de una constructora privada deben “transparentar” sus salarios, porque la empresa en la que trabajan tiene contratos de obras públicas.
De ese tamaño es, digamos con palabras castas, la ingenuidad del “argumento” gubernamental y sus ad láteres.
La mayoría de los periodistas son empleados de, obvio, empresas periodísticas; es decir, tienen un patrón que les paga por su trabajo, en el vigente sistema capitalista, el único viable de la economía.
Las empresas periodísticas producen un bien y también servicio que se llama información, que distribuyen a través de diferentes “plataformas”: impresos, radio, televisión, internet, redes sociales. Un bien y servicio que se vende en su propio mercado, como ocurre en otros con las naranjas o las latas de chiles o los automóviles, a los consumidores.
Como es lógico en el modelo de mercado, los dueños de esas empresas invierten dinero para obtener ganancias (y algunos también beneficios, hay que decirlo) o cuando menos, en el mejor de los casos de “buena onda”, buscarán no tener pérdidas y salir “tablas”, “a mano”, en sus balances económicos. Nadie invierte, en cualquier sector económico, con el objetivo de obtener pérdidas, salvo, -me han dicho-, aquellos que pretenden “lavar” dinero, que en todo caso es un delito punible.
Y una parte de su inversión y de sus ingresos, como en cualquier otro sector económico, se gasta en los salarios (altos o bajos) de sus trabajadores, que no son sólo periodistas (directivos, editores, reporteros, fotógrafos, diseñadores, correctores) sino también ejecutivos, personal administrativo, técnico y de talleres, expertos en tecnología, en mercadotecnia, en ventas…
Los ingresos de esas empresas provienen de dos fuentes: la venta de su producto en sus diversas plataformas y la venta de espacios publicitarios en la mismas, de donde provienen las mayores cantidades. En ambos casos, sus clientes son consumidores del producto o de espacios publicitarios. Esta compra sólo proviene de dos sectores: el privado y el público.
No es ningún secreto que, al menos en México, el mayor anunciante, el mayor cliente en los medios de información, es el sector público, el gobierno, pues.
Pero ello no implica, absolutamente de ninguna manera, que el salario de los empleados de un medio de información sea pagado con dinero gubernamental, como el presidente de la República, muchos funcionarios y sus apoyadores, afirman para que un grupo de periodistas sean sujetos de fiscalización pública de sus salarios, como si fueran funcionarios “porque les pagan con dinero de erario”.
No, a ellos y a los demás periodistas (salvo a los que trabajan, también con todo derecho, en los medios de información gubernamentales) les pagan las empresas en las que trabajan; es decir, con dinero de empresas privadas, que lo obtuvieron mediante la venta de sus productos.
Lo que los periodistas, -identificados públicamente como quienes conducen programas de radio y televisión, pero que en realidad son muchos más: esencialmente quienes reportean y consiguen la información- ganen por su trabajo (muy poco, poco, mucho o muchísimo) es un acuerdo laboral y legal entre un empleador y un empleado, y nada más. Ambos deben cumplir con sus obligaciones legales derivadas de tal acuerdo, y si las evaden entonces la autoridad tiene la obligación de actuar. Y aún si ocurre esta acción, la privacidad de los datos personales están protegidos por la ley.
