Por. Ivonne Melgar
A la mitad del sexenio, el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comparten el atrevimiento de haberle dicho que no a “la verdad oficial”.
Por sus resoluciones, son adversarios de la autoproclamada Cuarta Transformación. Y diques de nuestra democracia constitucional al oponerse a medidas que vulneran la separación de poderes y el ejercicio autónomo de los mismos.
El sumun de esta “verdad oficial” fue el controvertido artículo 13 transitorio de la reforma secundaria del Poder Judicial para ampliar el periodo de la presidencia de la SCJN a cargo del ministro Arturo Zaldívar.
Aunque la propuesta la hizo el senador del PVEM Raúl Bolaños Cacho, es un hecho que la idea surgió de Palacio Nacional, con el visto bueno presidencial y del titular de la Corte, durante la gestión del consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer.
Hace siete meses todos creíamos que el fin de la democracia constitucional estaba en puerta. Pero el contrapeso judicial resistió.
Y ante la imposibilidad de lograr una votación favorable en la SCJN para ampliar su mandato hasta 2024, el ministro Zaldívar anunció que se iría en 2022. Consecuentemente, el audaz consejero jurídico dijo adiós.
Vale la pena recordar que, en abril de este año, la apabullada oposición alegó que ampliar ese mandato violaba la división de poderes y el principio de no reelección. Y que encontró eco en una pieza parlamentaria que quedará para la historia, cuando el decano diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo sintetizó que su aval o rechazo era un punto de bifurcación: o México seguía por la ruta de la democracia constitucional imperfecta, pero por todos construida, o se iba al autoritarismo.
Este martes, el pleno de la SCJN le dio la razón a Muñoz Ledo y a los legisladores de una oposición que, después del 6 de junio, tiene la fuerza de vetar cualquier reforma constitucional.
Escuchar este 16 de noviembre a los ministros Norma Piña, Luis María Aguilar, el ponente Franco González Salas y Pérez Dayan, hablar en contra del 13 transitorio, apaleado por unanimidad, confirmó la fuerza del contrapeso de la SCJN.
Hubo una vez la ilusión presidencial de que sólo Zaldívar tenía los tamaños para concretar la reforma del Poder Judicial y que su gestión podía ampliarse. Y más todavía: hubo la ilusión de que todos terminarían cuadrándose a ese deseo.
Ni entonces ni ahora, la SCJN está a disposición de Palacio.
Hay quienes aseguran que el ministro Zaldívar se mareó ante el apapacho presidencial pero que terminó rectificando.
En las próximas semanas, tendremos una nueva prueba: la suerte y la fortaleza del INE y de la SCJN estarán vinculadas.
Porque la autonomía del árbitro electoral, y las facultades que la Constitución le otorgan a sus 11 consejeros para hacer cumplir los derechos políticos de los mexicanos, en los próximos días quedará en manos de los 11 ministros de la Corte cuando les toque analizar el reclamo del árbitro electoral por la negativa de la Cámara de Diputados a otorgarles los recursos solicitados para realizar la llamada revocación de mandato en 2022.
Independientemente de las veleidades que el supremo poder presidencial desata, sabemos que esta semana el ministro Zaldívar le hizo saber a Lorenzo Córdova que de ninguna manera existe la decisión tomada ante la solicitud del INE de que se le permitan reducir el número de casillas para revocación de mandato o se le asignen los recursos necesarios.
Importante el gesto del presidente de la SCJN al comunicarle al consejero presidente del INE que él no prejuzga y que sus declaraciones de esta semana sólo tenían qué ver con el Poder Judicial.
Aunque en los hechos, Zaldívar solo es un voto de 11. Y a juzgar por lo sucedido este martes en la SCJN, el INE tendrá los seis votos necesarios para que la Corte llame a los diputados o a la Secretaría de Hacienda a rectificar.
Por supuesto que importan los 4 mil 913 millones de pesos que los representantes de Morena, PT y PVEM le regatearon al INE este fin de semana en San Lázaro, al aprobar el presupuesto del próximo año, una medida que, según argumentó su consejero presidente, Lorenzo Córdova, pone en riesgo una consulta que tanto importa al presidente de la República.
Pero más allá de las sumas y restas, estaremos asistiendo a la clausura con broche de oro de la guerra que la 4T sostiene en contra de cualquier contrapeso que pueda significar un límite al ejercicio del poder presidencial.
De eso se trata este capítulo estelar del sexenio en el que el Presidente de la República y sus tentáculos se despliegan para caricaturizar, minimizar, adelgazar, enlodar, herir y eliminar la llamada democracia constitucional, es decir, el entramado de instituciones que el Estado mexicano construyó como resultado de las alternancias partidistas y del valor garantizado del voto, a fin de cerrarle el paso al hiper presidencialismo que, en otros tiempos, concentró la capacidad de impartir justicia, decretar leyes y conducir la administración púbica y el erario.
Y desde ya apostamos: el INE vive, la democracia constitucional sigue…
