Una consecuencia no deseada de la participación de las mujeres en política es la violencia generada contra ellas, “las formas más comunes de violencia política en razón de género son muchísimas, desde cómo los medios de comunicación cubren a las candidatas y reproducen sexismo y estereotipos de género a violencia física e incluso muerte”, advirtió Flavia Freidenberg, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
El proyecto del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina (REFPOL) está impulsado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y desarrollado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Máxima Casa de Estudios. En ese sentido, el Observatorio analiza y evalúa las leyes y los marcos normativos en razón de género aprobados en 10 países de la región.
La base de datos del Observatorio incluye resultados de México, El Salvador, Ecuador, Panamá, Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú, Argentina y Uruguay. De acuerdo con los datos analizados, aunque los 10 países ya incorporaron a su sistema jurídico un marco especial para atender la violencia política de género, solamente la mitad de ellos cuentan con una regulación específica en el ámbito electoral y no todas las normas establecen sanciones claras.
En materia de violencia política contra las mujeres sólo Bolivia y Perú cuentan con leyes específicas mientras que el resto lo tienen contemplado en sus leyes generales contra la violencia.
“Hemos estado dando seguimiento a cómo los países han reaccionado frente a la violencia política en razón de género y creemos que es de mucha utilidad no sólo para la academia, sino también para que las mujeres políticas sepan que tienen derechos y que ya 10 países de la región regulan qué ocurre cuando son víctimas de violencia”, comentó en el programa Primer Movimiento de Radio UNAM.
La también académica detalló la herramienta metodológica para poder distinguir fortalezas y debilidades en los diseños normativos en los que descansan esas leyes, en los países analizados se evaluaron cinco componentes: conceptualización de la violencia, coordinación institucional en el aparato estatal para la atención, tipo de sanciones y cómo se aplican, medidas de protección y reparación a los derechos de las víctimas.
México
“México, por el momento, es el sistema que normativamente ha realizado un trabajo más claro de especificación de qué es violencia, cómo tipificarla” y ha elaborado un catálogo de 22 supuestos “que cualquier persona puede mirar y decir sí, a mí me está pasado esto y esto es violencia”.
Freidenberg apuntó que “el elemento más interesante a revisar en el caso mexicano es el tema de las sanciones, son muy claras tanto administrativas como penales y hay todo un repertorio de herramientas para sancionar a aquellas personas que ejercen violencia, con una exigencia clara hacia los partidos políticos mexicanos de qué hacer cuando tienen a un violentador dentro de sus filas compitiendo o ejerciendo un cargo público que llevan incluso a la pérdida del derecho de ser electos”.
El papel del Instituto Nacional Electoral
En la construcción de un sistema integral de protección por violencia política en razón de género, el Instituto Nacional Electoral (INE) “ha tenido mucho que ver, pues junto con las consejeras electorales y la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación exigieron a los partidos políticos que hicieran protocolos, material informativo y guías para las denuncias”.
“Es muy importante que la comunidad esté atenta sobre este tipo de herramientas porque las leyes necesitan acompañamiento, necesitan que la ciudadanía se apropie de ellas, que las usen que las exijan”, acotó la politóloga.
“Juanitas” y “Manuelitas”
Sobre los casos de simulación en donde las mujeres son presionadas para que renuncien a sus cargos y cedan esos espacios a los varones, opinó que el fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “marcó un hito en la configuración del régimen electoral de género mexicano, cuando obligó a que cada vez que haya una mujer candidata su suplente tiene que ser mujer”.
“Pero en otros países es muy normal que pongan a las mujeres de suplentes pensando que están haciendo una fórmula paritaria, eso es violencia normalizada, discriminación a las mujeres”, refirió.
“No sin mujeres”
Ponderó la necesidad de trabajar más en la formación con perspectiva de género de las autoridades electorales y pensar en defensorías públicas gratuitas para las mujeres que no tienen recursos, porque “todavía hay mucho por hacer para seguir identificando las formas de violencia, erradicarla y construir democracias igualitarias y paritarias”.
El Observatorio, dijo, además de ser un repositorio es un espacio de divulgación de investigación, de ideas y planteamientos de investigadores, tiene redes sociales y un portal https://reformaspoliticas.org
Asimismo, mencionó que la Red de Politólogas, de la que es coordinadora, nació en el IIJ y tiene 696 integrantes de 30 países, articuladas en una sola idea: “No es posible la política ni la ciencia ni la vida sin mujeres”.
