El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, consideró que existen los elementos suficientes para que el Senado de la República inicie un proceso de declaratoria de desaparición de poderes en el estado de Tamaulipas.
Ello, toda vez que el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca cuenta con un orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero.
“En consecuencia puede haber petición de senadores o de diputados, en cualquier momento, para la desaparición de poderes que haga el Senado y podrán aportar, entre otros, una prueba contundente que es la orden de aprehensión, dictada por un juez penal o un juez de control”, refirió.
En conferencia de prensa, el líder de la bancada de Morena, señaló que la mejor vía para resolver los conflictos y acabar con la impunidad es el diálogo, el Estado de Derecho y las instituciones, por lo que informó que antes de que se “detone” el mecanismo buscará una solución de consenso y un acuerdo político que evite una crisis constitucional en el Estado.
“A mi me gustaría que hubiese un acuerdo político antes de iniciar todo el proceso, antes de iniciar todo el mecanismo de la desaparición de poderes, porque lo de menos es hoy mismo presentar la solicitud por el grupo de senadores de Morena o de quienes quieran sumarse, y se iniciaría todo el proceso, y la permanente tendría que convocar a periodo extraordinario. (…) Yo quisiera que se agotara la parte política y lograr un buen arreglo institucional”, que podría incluir la solicitud de licencia del gobernador, dijo.
Recalcó que el estado de Tamaulipas no puede vivir “en una crisis constitucional muchos días”, y que la idea del arreglo institucional implica reunirse con todos los actores.
“Reunirse con los partidos involucrados y buscar una solución frente a la determinación del juez de control de girar orden de aprehensión contra un gobernador que no puede cumplir sus funciones, y que donde aparezca se va a tener que proceder a cumplimentar la orden de aprehensión”, expuso.
Citó que La Constitución Política, en su artículo 111, establece que, para poder proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades federativas, las declaraciones y resoluciones de la Cámara de Diputados son inatacables; por lo que, recalcó, el Congreso de Tamaulipas debió, nombrar a un gobernador sustituto, porque sobre el actual ya pesa una orden de aprehensión, sumado al desafuero aprobado por la Cámara de Diputados.
Redacción
