La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), exhortó al Gobierno federal a implementar las medidas legislativas o administrativas que sean necesarias, a fin de que sea garantizado y respetado el derecho a la seguridad social de los jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Ello, luego de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se cuantifique el tope máximo de la pensión jubilatoria con base en Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no en salarios mínimos.
De igual forma, la CNDH consideró que esta circunstancia representa un detrimento significativo en las percepciones y, por supuesto, en la satisfacción de diversas necesidades de los trabajadores.
“En el caso particular, resulta crucial atender al principio de progresividad que establece la obligación del Estado de procurar todos los medios posibles para la satisfacción de los derechos, a adoptar las medidas legislativas, judiciales, administrativas, educacionales y sociales para tal efecto y, por supuesto, a la prohibición de cualquier retroceso o involución, aunado a que son derechos que las personas servidoras públicas generaron durante sus años de trabajo, es decir, su titularidad es inherente de su actividad laboral y no así un beneficio adquirido con posterioridad a su relación laboral”, detalló en un comunicado.
En este sentido, la CNDH instó a las autoridades en los distintos órdenes de gobierno a impulsar escenarios que permitan el desarrollo del país y de las personas, con una perspectiva global y de derechos humanos que incentive la inversión, el trabajo formal, la equidad de género y los salarios dignos en el país, así como la creación de mecanismos adecuados para lograr el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos.
