El Congreso de la Ciudad de México aprobó la llamada “Ley Ingrid”, que busca castigar a los servidores públicos que difundan de forma indebida material fotográfico, videos, información reservada o documentos del escenario de un delito o algún hallazgo relacionado con algún procedimiento penal.
El dictamen reforma el Código Penal local castiga penalmente con dos y hasta seis años de prisión y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización a quien incurra en dichos actos.
La adición del Artículo 293 Quáter, señala que “se impondrán de dos a seis años de prisión, y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización a la persona servidora pública que, de forma indebida difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información reservada, documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos, con uno o varios hechos señalados por la Ley como delitos”.
Así mimos, se precisa que las sanciones podrían aumentar en una tercera parte, si la información que se difunda es con el fin de menoscabar la dignidad de las víctimas o de sus familiares; se trate de cadáveres de mujeres, niñas, o adolescentes, o sea de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o del estado de salud de la víctima.
Al fundamental el dictamen, el presidente de la Comisión de Administración de Justicia, diputado Eduardo Santillán Pérez (MORENA), destacó la importancia de la reforma que busca proteger los derechos de víctimas, en especial de las mujeres. Dijo que esto permitirá que las personas servidoras públicas no filtren imágenes o videos de manera ilegal o se comercialicen.
El respeto a la memoria de las víctimas que han sido privadas de la vida, es un tema necesario. La vida de una persona que ha sido violentada o su forma de muerte, nunca debe ser causa para su revictimización o agravar aún más el daño causado, tanto a los que lo sufren como a los familiares y comunidad que les rodea, se detalla en el cuerpo del dictamen.
El dictamen se construyó con las propuestas de iniciativas presentadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y por las diputadas Isabela Rosales Herrera (MORENA), Gabriela Quiroga Anguiano (PRD) y Ana Patricia Báez Guerrero (PAN).
Caso Ingrid Escamilla
Ingrid Escamilla, de 25 años de edad, fue asesinada a manos de su pareja en la Ciudad de México, delante del hijo del sujeto, quien tiene autismo.
Según una versión del presunto homicida grabada tras su detención, la víctima amenazó con atacarlo con un cuchillo y le pegó, antes de que él se lo arrebatara y la apuñalara en varias ocasiones en el cuello.
Tras matar a la joven, Erick Francisco N., de 56 años, desolló el cuerpo y tiró algunos de sus restos por el excusado y llevó otros a una coladera pública de la alcaldía Gustavo A. Madero.
En el video se aprecia a Erick Francisco N. con una venda en la cabeza y ensangrentado. Detalló que desolló el cuerpo de su pareja “por vergüenza, miedo”.
El acusado, una vez cometido el crimen, llamó a su exmujer y le contó lo sucedido. Ella fue quien dio aviso a la Policía y quien recogió al hijo del asesino, un chico con autismo de 14 años que presenció el feminicidio.
La Subprocuraduría de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la FGJ-CDMX aseguró que sería ‘implacable’ en la investigación del caso y que abrió una averiguación contra quien resulte responsable por la filtración de las imágenes del caso.
Redacción
