Por. Óscar H. Morales Martínez
Éste es el número oficial, hasta el momento, de fallecimientos por contagio de SARS-CoV-2 (COVID) en México. Desde luego, la realidad supera este número.
Estados Unidos, Brasil e India son los otros países que junto con México han superado esta trágica marca. Tan solo este dato aislado debería ser suficiente para encender las alarmas y analizar la viabilidad, éxito y sostenimiento de la política de salud que ha sido aplicada o dejado de aplicarse.
En su primera participación en una reunión del G-20, el sábado 21 de noviembre Andrés Manuel López Obrador expuso su política de combate a la pandemia en un discurso muy breve, de menos de cinco minutos, que se sintetiza en tres palabras: no hacer nada.
Tal parece que la doctrina “laissez faire, laissez passer”, expresión francesa del siglo XVIII que significa “dejar hacer, dejar pasar”, que defiende la libertad de mercado, de empleo y de producción, relegando al Estado a una mínima intervención en la economía, adopta una connotación nueva en temas de salud en México, restringiendo la actividad del gobierno también a una mínima participación, bajo el estandarte de respetar la libertad de los ciudadanos.
Sobre esa línea de “no intervencionismo gubernamental” se ha generado confusión en la sociedad y división entre los estados de la República Mexicana, e incluso a nivel municipal. Cada quien se maneja como ha podido y ha querido, al no existir una estrategia transparente y general.
A la fecha, ni siquiera el mismo gabinete de Gobierno se pone de acuerdo en la necesidad del cubre bocas y la asistencia o no a reuniones presenciales.
Puede entenderse el sentido del no intervencionismo del Estado en temas económicos, incluso esa es la tesis en que se basa el libre mercado y las teorías económicas liberales, pero en materia de salud y sobre todo de salud pública, no puede desentenderse el Estado de regular políticas y estrategias que garanticen el derecho constitucional que tiene toda persona a la protección de la salud, ni dejar a criterio de los ciudadanos su implementación y cumplimiento.
Podrá discutirse si el toque de queda o confinamiento aplicado en otros países ha sido efectivo o no, e incluso si con ello se vulneran libertades individuales, pero lo que no está en duda es que el principal derecho del ser humano es la vida, y es mandatario para el Estado ejercer todas las acciones posibles para protegerla, de la mano con la salud.
La vida y la salud están por encima de cualquier otra garantía individual, más aún frente a la peor pandemia de los últimos 100 años y cuando México tiene una población proclive a diabetes, hipertensión y obesidad, principales causas del agravamiento de las consecuencias del COVID.
El confinamiento no es una medida autoritaria cuando se impone ante ciertas circunstancias que lo ameritan. En situaciones de emergencia es perfectamente viable y constitucional aplicar el confinamiento para proteger el bien común y la salud pública de los ciudadanos, además de ser una medida lógica que evita los contagios.
Una medida autoritaria sería cancelar contratos sin respetar procesos legales; autorizar proyectos sin sustento técnico y jurídico; obligar a servidores públicos a “donar” sus aguinaldos”; no procesar a familiares y allegados políticos relacionados con actividades de lavado de dinero y enriquecimiento ilegítimo; denostar a la inversión extranjera. Pero en México no hay autoritarismo ¿verdad?
Tampoco es válido delegar el sistema de salud pública en los ciudadanos. AMLO expresó ante la comunidad del G-20 que “la familia mexicana es la principal institución de seguridad social y ahora nos están ayudando a cuidar a la población más vulnerable (…) contamos en nuestros hogares con millones de enfermeros y enfermeras”.
Es una total declaración y reconocimiento de la incompetencia del Gobierno y lo rebasado que está ante este tema.
Por otra parte, es claro que la sociedad debe afrontar y reconocer su responsabilidad en cuidarse y tomar medidas de protección, somos nosotros quienes debemos ser los primeros en obligarnos en adoptar medidas en casa y fuera de ella, pero eso no es argumento para que el Gobierno se lave las manos como Poncio Pilatos ante las muertes que llevamos, porque hay una clara corresponsabilidad si no ha hecho el Estado sus mejores esfuerzos para detener la pandemia y eso evidente no ha sucedido.
Si tanto confía el Presidente en la sociedad ¿por qué la reciente aprobación del Senado a la legislación del cannabis sigue siendo proteccionista?
Para unos temas de salud se trata a la sociedad como mayor de edad e incluso como la única responsable de las consecuencias de sus actos, pero para otros asuntos sigue tutelándola como si fuera declarada “interdicta”.
Tal parece que para el avecindado en Palacio Nacional la pandemia COVID es el fantasma de la Navidad del pasado FOBAPROA, como puede leerse entre líneas de esta recomendación que hizo al G-20: “No convertir las deudas privadas en deuda pública, evitar el endeudamiento y menos aún si es en beneficio de pocos y a costa del sufrimiento de muchos y de las nuevas generaciones”.
Los otros caídos de la pandemia son los miles de empresas y negocios que no han recibido apoyos, al contrario, se les ha estigmatizado cuando despiden empleados, reducen sueldos o dejan de pagar impuestos para sobrevivir.
Es de sabios cambiar de opinión, pero también de necios sostenerla y no parece que en este momento que se presagia un repunte más fuerte de contagios y consecuentes fallecimientos, cambie la política de no intervencionismo gubernamental para detener la pandemia.
El Gobierno apuesta a conseguir la vacuna lo más pronto posible, pero ni siquiera tenemos la infraestructura de distribución adecuada para hacerla llegar a toda la población. Hay rezago y desabasto en otras vacunas y el INSABI sigue sin levantarse después de haber sepultado al Seguro Popular.
Dios nos proteja a todos. Estamos solos y por nuestra cuenta.
