México.– Con 5.4 millones de casos al año —según la OCDE—, México ocupa el primer lugar mundial en cuanto a abuso sexual infantil; sin embargo, algunas asociaciones cuestionan dicha cifra por no reflejar la dimensión real del problema pues, argumentan, en nuestro país una de cada 100 agresiones de este tipo no son denunciadas.
A decir del doctor Eduardo González Quintanilla, de la Secretaría de Enseñanza Clínica, Internado Médico y Servicio Social de la Facultad de Medicina, el que tantos incidentes jamás lleguen a oídos de las autoridades se debe a que, con frecuencia, los niños no se dan cuenta de haber sido abusados sino hasta mucho después, cuando reciben sus primeras clases de educación sexual a los 12 o 14 años, por lo que es enfático al señalar que proyectos como el PIN Parental (que les restringiría esta información a menos de que sus padres den permiso a la escuela) violan los derechos de los menores.
El PIN Parental es una iniciativa creada en España por el partido ultraconservador VOX y tropicalizada e impulsada en México por agrupaciones políticas como el PES y el PAN, la cual busca que las primarias, secundarias y preparatorias notifiquen a los padres sobre si sus hijos recibirán clases de educación sexual, reproductiva, de género o sobre cualquier otro asunto “ética o moralmente controvertido” como feminismo o diversidad LGBT, para que éstos den su aval o, en caso de que tales asuntos les sean incómodos o no se ajusten a sus “principios y valores”, los alumnos sean retirados del salón antes de que los profesores comiencen a abordar tales temas.
“Lo preocupante es que en México casi la mitad de los abusos sexuales contra menores son cometidos por un familiar (30 por ciento por un padre o hermano y el 15 por ciento por tíos, abuelos, primos o conocidos). Pese a ello, y por más paradójico que parezca, queremos que sea la familia la que decida si los niños reciben este tipo de información, justo la única herramienta que tienen los pequeños para detectar, detener y denunciar tales agresiones”.
Sobre por qué alguien despojaría a un niño de una educación que no sólo lo protegería, sino que lo ayudaría a entenderse mejor, el académico señala que esto no se debe siempre a afanes aviesos, sino que muchas veces los adultos cargan consigo ciertos temores infantiles englobados en la frase: “si no lo nombro, no ocurre”.
La diputada del PES Elsa Méndez Álvarez, quien busca la aprobación el PIN Parental en Querétaro, sostiene que las clases de educación reproductiva lo único que buscan es adoctrinar e hipersexualizar a los niños desde edades muy tempranas; a este tipo de argumentos, esgrimidos con tanta frecuencia, el doctor González responde:
“Hay quienes creen que hablarles a los menores de sexo o de suicidio sólo les genera tentación o ideas y que basta con quedarnos callados para exorcizar el problema y hacerlo esfumarse, cuando en realidad el silencio no soluciona nada y sí agrava mucho. Creer que un padre tiene el derecho de censurar lo que aprende su hijo es un sinsentido pues, aunque a muchos no les guste, los niños no nos pertenecen”.
Más educación, menos víctimas
El 14 de julio pasado, el CONAPO dio a conocer un par de datos preocupantes: la mayoría de los adolescentes mexicanos inicia su vida sexual sin tomar protección alguna y, además, los altos índices de embarazos infantiles en el país son producto abusos sexuales o de uniones a edades demasiado prontas, algo que para el doctor González son dos razones para apostarle a la educación.
“En México cada año se embarazan 366 mil menores y ello pone en riesgo sus vidas ya que —como señala la OMS— las gestaciones tempranas y las complicaciones de parto son la segunda causa de muerte entre mujeres de 15 a 19 años, además de que el 50 por ciento de los bebés concebidos de esta manera suelen presentar afecciones prenatales o fallecer poco después de su nacimiento”.
Por ello, el académico cuestiona a quienes sostienen que vetar cierta educación impediría tales escenarios, pues se ha demostrado que tener los datos adecuados hace que las personas tarden más en iniciar su vida sexual, aminora la posibilidad de contraer alguna enfermedad venérea y aminora la cifra de embarazos no deseados.
Y el mejor momento para hablar de estos temas es en la primaria, cuando los menores aún no han tenido un desarrollo sexual importante. No se trata de hipersexualizar a los niños —como decía la diputada del PES—, pero si empezamos a tocar estos asuntos en la adolescencia o cuando los individuos están a punto de ser mayores de edad habremos empezado ya muy tarde, subraya el académico.
Además, añade González Quintanilla, el PIN Parental plantea otro riesgo bastante grave, esta vez para personas que de siempre han sido invisibilizadas: los niños y los jóvenes de la diversidad sexual, pues en un país como México, donde el 90 por ciento de los menores reporta haber sido víctima de bullying al interior de sus escuelas, las agresiones contra alguien con preferencias que se salen de lo heteronormado suelen ser el doble de malintencionadas y de lesivas.
“Si restringimos el acceso a la educación sexual impediríamos que estos niños puedan, primero, encontrarse y definirse a sí mismos como parte de una diversidad no heteronormada, pero existente, al tiempo que le vetaríamos a sus compañeros el conocimiento y los contenidos necesarios para entablar una relación empática, de aceptación y de convivencia pacífica y sana con quienes tienen sentados en la banca de al lado, ahí en su misma clase”.
Aunque cueste aceptarlo, en México se discrimina y violenta a las mujeres y personas LGTB tan sólo por ser quienes son y ello sucede porque años atrás no recibimos una educación oportuna y clara al respecto, ni en nuestra familia ni en la escuela, apunta el docente. “Si nos da por restringir la información que podría hacernos avanzar en estos rubros estamos sentando las bases para que nuestro país llegue a escenarios que, de tan negativos, ni siquiera imaginamos”.
El riesgo de perder lo avanzado
La propuesta del PIN Parental —calificada incluso por los medios españoles como una calca de lo que quiso imponer VOX en España— llegó a México impulsada por el diputado de Nuevo León Juan Carlos Leal, expulsado del partido Morena por sus posturas homófobas y quien, ya instalado en la bancada del PES, propuso eliminar el delito de feminicidio del Código Penal nuevoleonense.
“Nos debería sorprender primero que, a alguien en algún lugar del mundo, se le ocurriera algo así —en este caso fue en una región vasca— y luego que algunos más se sumaran y quisieran implantar en México esta iniciativa que, hasta ahora, no ha prosperado”.
Por el momento, tanto la Secretaría de Gobernación como la CNDH y la ONU se han pronunciado contra el PIN Parental y todo lo que representa (la primera por inconstitucional y las segundas por contravenir la Convención de los Derechos del Niño), aunque para el doctor González Quintanilla aún existe el riesgo de que este proyecto sea aprobado no a nivel federal, sino estatal, aprovechando que ahí los congresos son independientes.
“Acabamos de ver cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación les dio carta abierta a Veracruz para seguir penalizando el aborto, lo cual es incomprensible desde un punto de vista epidemiológico, sanitario y de derechos humanos. Y si algo así sucedió, la amenaza del PIN Parental sigue flotando como una posibilidad”.
Las entidades donde se ha tratado, se intenta o se planea implantar esta iniciativa son Querétaro, CDMX, Chihuahua, Veracruz, Morelos, Guanajuato, Nuevo León, Aguascalientes, Baja California, Puebla y Chiapas, “justo los estados donde se registran más casos de acoso, abuso escolar, violación de niños y embarazos no deseados”.
Sobre esta embestida conservadora a la que se podrían sumarse aún más estados (el PES ha adelantado que el PIN Parental es parte de una agenda tanto local como nacional), el doctor González apunta que todo se inscribe en esta lógica tan repetida a lo largo de la historia y consistente en —ante los progresos— hacer todo lo posible para retrotraernos y dejarnos justo como estábamos antes.
“Con el tiempo hemos logrado una serie de avances y esta reacción sólo son ganas de quedarse en el statu quo. Si lo analizamos un poco veremos que esa propuesta es una intentona de retroceso, pues la heteronormalización y rechazo a la diversidad era de lo más común y aceptado en el pasado, y justo de ese pantano queremos salir”.
Negar a los menores la posibilidad de recibir una educación sexual tan sólo por los prejuicios de ciertos adultos es un atentado contra sus derechos superiores, concluye el universitario.
“Los padres están en la obligación de atender la educación de sus hijos, cuidarlos, darles amor y brindarles las herramientas para tener una vida digna fuera de la violencia y el maltrato, pero no tienen el derecho de decidir sobre lo que deben o no aprender. Los niños, al igual que cualquier persona, no le pertenecen al Estado, a los padres ni son propiedad de nadie, aunque a veces eso se nos olvide”.
UNAM Global
