Bárbara Delgado salió de su casa, ubicada en Panamá, para acudir a un centro médico próximo a su vivienda donde trabaja como promotora de salud. Poco después fue detenida por un grupo de policías, junto con otras personas que habían transgredido la cuarentena obligatoria que declararon las autoridades de aquel país.
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, anunció el 25 de marzo la implantación de una cuarentena total en todo el país a causa de la propagación del coronavirus. Inicialmente, los ciudadanos podían salir de su casa diariamente dos horas para comprar alimentos. Algunos días después, la autoridad organizó un plan de salidas, en función del género de las personas. Lunes, miércoles y viernes, las mujeres; martes, jueves y sábados, los hombres. El domingo, todos deben permanecer en su casa.
Bárbara Delgado salió de su casa un miércoles, día autorizado para salir, pero cuando fue interceptada por los policías y se identificó con ellos, su cédula de identidad no coincidía con su aspecto porque en la credencial estaba marcada la casilla de género masculino.
Fue detenida y encarcelada por violar el toque de queda establecido para frenar la pandemia del COVID-19; porque sus papeles de identidad la definen como hombre; porque en Panamá es necesario someterse a una cirugía de reasignación de sexo, para modificar el género legal que aparece en los documentos oficiales.
Bárbara Delgado contó que en la estación de policía un funcionario determinó que ella no era mujer, que los uniformados habían hecho muy bien en aprehenderla y llevarla al cuartel. Debió pagar una multa de 50 dólares por violar las medidas de cuarentena. Las tres horas de humillación por su condición de transexual fue por cuenta de los policías del cuartel.
Recientemente, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) denunció que, en América Latina, las personas transexuales son objeto de discriminación, acoso, violencia y cárcel.
“La falta de reconocimiento de la identidad de género, así como la discriminación y el maltrato por motivo de la identidad de género u orientación sexual son prácticas frecuentes en las prisiones. La violencia física es sistemática y cotidiana en los establecimientos penitenciarios, mientras el uso excesivo de la fuerza y los abusos—lejos de presentarse como hechos aislados—presentan un carácter constante en los establecimientos de encierro”, señala el informe.
Regularmente, las autoridades penitenciarias deciden ingresarlas en penales varoniles o femeniles de acuerdo con sus genitales y no con su identidad sexual. Son enviadas a penales varoniles y recluidas junto con agresores sexuales. Por lo tanto, son frecuentemente víctimas de abusos y son crecientes los intentos de suicidio.
Tan solo en México, entre 2013 y 2019, se registraron 473 crímenes de odio en México. De acuerdo con el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Samuel Jair Martínez Cruz, 261 de esas muertes violentas contra mujeres trans ocurrieron en el estado de Veracruz.
Otras organizaciones sociales, como el colectivo Letra Ese, han contabilizado el asesinato brutal de 79 personas de la comunidad LGBT, pero sólo 10 por ciento es investigado como crimen de odio, pese a que los cuerpos inertes tenían “marcas de tortura o señales claras de ensañamiento”.
El mundo tendrá otro rostro después de superar la pandemia del coronavirus, es nuestra oportunidad para desterrar, definitivamente, la discriminación, la violencia y los discursos de odio.
