En México ser mujer es un factor de riesgo. Eso eleva la posibilidad de ser violentada en múltiples formas e incluso ser asesinada por la vulnerabilidad que da el serlo.
Vivimos en un país donde la justicia no llega. Por omisión o por acción, la impunidad en perjuicio de la mujer se convierte en una constante.
A 27 años de distancia de los feminicidios denominados como “las muertas de Juárez” , las muertes violentas de mujeres se incrementan no sólo en Ciudad Juárez, sino a lo largo del territorio nacional, donde reina la impunidad, el poco interés de las instituciones más allá del discurso y la corrupción en las instancias judiciales.
Hace ya cinco años desde que Fátima, de tan sólo 12 años, fue brutalmente violada, mutilada y asesinada. A pesar de estar identificados los responsables, aun su familia espera que se haga justicia.
Ese tortuguismo no es excepcional. En junio pasado, la presidenta de la asociación Frente Derecho Justicia y Libertad, Nury Santiago Romero, denunció que en la zona sur de Tamaulipas existían ocho asesinatos de mujeres cuyo seguimiento legal va lento y no se han dado las sentencias por parte de la autoridad judicial desde 2015. Entre ellos destacaban los casos de una mujer que fue asesinada por su esposo a machetazos, otro de una joven que fue estrangulada por su primo y otra que murió apuñalada por su expareja sentimental.
Asimismo, siguen sin justicia las víctimas de Jorge Humberto Martínez Cortés, quién fue apodado por la policía de México como “El matanovias”, debido a que asesinaba a sus parejas sentimentales y modificaba la escena del crimen para hacer creer que se trataba de un suicidio. Investigaciones fallidas permitieron que tras una denuncia por parte de la madre de una de sus víctimas, Martínez Cortéz asesinara a una mujer más y huyera a Guatemala. Se logró hallarlo y extraditarlo a México el 24 de octubre de 2017. Pero, al día de hoy, Jorge Humberto Martínez no tiene sentencia firme.
Y, pese a ello, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció al Senado que destinará 70 por ciento de sus agentes del Ministerio Público a deshacerse del rezago acumulado estos años para enfocarse en la atención de una decena de delitos considerados más graves o de mayor complejidad, entre los que no incluyó el feminicidio (Milenio 07-02-2020).
De acuerdo con el Plan de Persecución Penal (PPP), la fiscalía enfocaría su investigación en 10 delitos considerados de alta complejidad: corrupción, contra el patrimonio nacional, económicos y financieros, cometidos contra los derechos humanos, contra la libertad de las personas, contra el comercio, de armas de fuego, contra el sistema electoral, ambientales y narcotráfico, considerados “los grandes mercados criminales”. Desdoblar estos delitos en sus diferentes tipos implicará perseguir 51 modalidades, entre las que no figura el feminicidio.
Esto, justificado en que el modelo que se emplearía en la implementación del plan de persecución sería el símil al que se usa en el sistema de salud conocido como “triage”, que se caracteriza por dejar a los pacientes menos graves hasta el último, al tiempo que se atienden los casos de mayor prioridad.
Al parecer desconoce que México, según las Naciones Unidas, es el país más peligroso para las mujeres de Latinoamérica, pues, según sus datos, seis de cada diez han sufrido algún tipo de violencia en su vida.
Estamos hastiadas de ser bandera de campaña y que, ya en la gestión, el gobierno nos dé la espalda. Ya basta de ocurrencias, señor fiscal. Mi vida, la de mis hermanas, las de todas nosotras, sí son prioritarias.
