Patricia N estaba atónita, inquieta. Los testimonios de sus compañeras universitarias se multiplicaban escandalosamente y el nombre del entrenador de taekwondo siempre estaba presente.
“Desde que yo comencé, sentí que el profesor se había encariñado mucho conmigo, siempre me hizo sentir que yo podía contar con él y que bajo su tutela yo lograría trascender en este arte marcial”. Pero igual que varias chicas, Patricia N vivió en carne propia el dolor de la violencia de género, en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Primero conseguía ganarse la confianza de las jóvenes, con una actitud conmovedora, comprensiva. Era la clásica imagen del adulto que muestra interés y preocupación por las chicas. No era un trato paternal ni controlador. Todo lo contrario, era un “amigo” que las entusiasmaba con historias de libertad y sueños cumplidos.
Poco tiempo después empezaron los abusos contra las estudiantes de la Escuela de Estudios Superiores (FES) Iztacala: Las convenció de acudir a su departamento para realizarles pruebas antropométricas y “medir las zonas de sus cuerpos donde tenían grasa, para establecer entrenamientos específicos, reducir la grasa y obtener el peso ideal para participar en las competencias”.
Pronto se dieron cuenta que para participar en las “pruebas” tenían que permanecer desnudas y colocarse en “posiciones específicas sobre la cama” para las sesiones fotográficas, las cuales eran “indispensables” para llevar un control riguroso de los avances.
Después todo salió de control. Él se quitó la máscara y les pidió favores sexuales. A quienes se resistían les ofreció apoyo económico y darles posada en su domicilio. Durante al menos 40 años, varias generaciones de jóvenes deportistas interesadas en el taekwondo fueron víctimas de un depredador sexual.
Cuando iniciaron las denuncias, las autoridades universitarias debieron aplicar el protocolo para la atención de casos de violencia de género en la UNAM. El 16 de octubre de 2019, el entrenador fue separado de su cargo, por “incurrir en actos inmorales de violencia sexual y psicológica, actos de violencia de género, así como en actos de hostigamiento sexual, además de que vulneró la privacidad e integridad” de las alumnas.
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La historia de Patricia N es una de las 921 quejas y denuncias que la oficina del Abogado General de la UNAM ha recibido desde 2016, cuando inició la aplicación de un protocolo para atender la violencia de género en las aulas universitarias.
Lamentablemente, la impunidad sigue siendo una constante. Desde la misma fecha y hasta entonces, sólo se han aplicado 366 sanciones contra profesores (159), alumnos (108) y trabajadores administrativos (99), que incluyen amonestaciones, suspensiones y rescisión de contrato.
Las agresiones sexuales, violencia psicológica y casos de acoso han aumentado considerablemente en los campus universitarios y las autoridades de la UNAM no han conseguido reducir la incidencia.
Si bien es cierto que la difusión del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM permitirá sensibilizar a la comunidad universitaria, resulta urgente que las autoridades se comprometan a revisar con objetividad y oportunidad cada una de las denuncias, sancionar las conductas abusivas y recuperar los recintos universitarios, como espacios libres de violencia de género.
