Mildred Mérida conoció el terror cuando dio a luz a su primer hija. Tenía 20 años y todos los sueños e ilusiones que la inundaron durante nueve meses se desvanecieron instantáneamente al llegar al Centro de Salud de Comitán, Chiapas.
La espera fue larga y angustiosa. Recostada en una camilla maltrecha miró a su lado a otra mujer en trabajo de parto, quien rogaba por la atención médica. Su hijo estaba por nacer, pero el médico consideró que aún no era tiempo.
“-No, todavía le falta, mejor cállese señora”, le respondió el doctor. En cuestión de segundos, el bebé nació. ¡Casi parió sola!
A otra mujer le advertían: “¡Ya cállate o tu bebé se va a morir, si no pujas, se va a morir ahí dentro!”
Cuando llegó su turno y el hospital ya se había convertido en un infierno, también para ella fue espantoso el trato que recibió del personal de la institución de salud: “¡Cállese! ¡Que alguien la calle!”, gritaban médicos y enfermeras. Mildred permaneció abandonada en una espiral de dolor, miedo e impaciencia.
Al regresar el médico le dijo que si la bebé no se movía, le harían una cesárea. Le aplicaron oxitocina para estimular las contracciones y casi inmediatamente después le hicieron una episiotomía, un corte para agrandar la abertura vaginal y facilitar el parto. “¿Yo lo necesitaba? No lo sé”, reflexiona la joven chiapaneca.
Nació la niña pero no pudo amamantarla: “No te daremos a la bebé para que tú puedas dormir bien, ya le dimos su leche”, le informó otra enfermera desde el resquicio de la puerta. Justo ahí, estaba un cartel de la Secretaría de Salud donde promueve las ventajas y beneficios de la lactancia materna.
Horas después, volvieron las amenazas. No podría salir del hospital sin antes darle un anticonceptivo, le ofrecieron inyecciones y un dispositivo intrauterino. Aunque ella eligió las inyecciones, le pusieron el DIU que la enfermera ya tenía preparado.
Mildred Mérida, como millones de mujeres en México, fue víctima de violencia obstétrica. Mujeres que, antes o después del embarazo, sufren rasurado del pubis, tactos vaginales, episiotomías, privación de alimentos, separación de madre-hijos al nacer, cesáreas innecesarias y esterilizaciones forzadas. Todo en nombre de la “necesidad médica”.
No se trata de un fenómeno aislado, sino de una práctica recurrente en las instituciones de salud públicas y privadas de todo el país. Datos de FUNDAR revelan que en México, el 38 por ciento de los nacimientos ocurren por cesárea, tres veces más de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Únicamente en las legislaciones de Chiapas, Guanajuato y Veracruz se sanciona la violencia obstétrica y sólo es un delito la esterilización forzada en Durango, San Luis Potosí, Quintana Roo, Veracruz, Ciudad de México, Puebla, Guerrero y Chiapas. Aún así, en Guerrero se documentaron 30 casos de esterilizaciones forzadas en 2018.
Resulta urgente atacar la violencia obstétrica, erradicarla, pero es indispensable visibilizarla para que las mujeres reconozcan y denuncien los maltratos y las decisiones médicas invasivas.
Por lo pronto, la organización GIRE (https://gire.org.mx/) ofrece servicios de ayuda legal y psicológica, para las víctimas de la violencia obstétrica. Un apoyo invaluable, mientras el gobierno se decide a impulsar las políticas públicas indispensables, para proteger a las mujeres en México.
