Sea por la obligada puesta en marcha de la Alerta de Género en la CDMX para antes de que concluya septiembre.
O por el señalamiento de que ese mecanismo debe revisarse, hecho por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez de Cordero.
Y por el reconocimiento de la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Candelaria Ochoa, de que las insuficiencias que arrastra ese modelo impiden poner un alto efectivo a ese problema, ha llegado la hora de legislar de cara a la tragedia de las muertes por condición de género en el país.
Y justo ahora que inició el segundo año de trabajos de la llamada LXIV Legislatura, también llamada “Legislatura de la Paridad de Género”, las diputadas del PAN presentaron este miércoles 18 de septiembre una propuesta de ley para prevenir, sancionar y erradicar el delito del feminicidio.
La iniciativa busca crear el tipo penal, sancionar a los funcionarios que sean omisos con las denuncias o que obstaculicen la justicia.
Y pone énfasis en un asunto urgente para revertir la impunidad que ha caracterizado la investigación de las tragedias que cotidianamente se viven en México:
la propuesta busca que este delito nunca prescriba ni se acepten atenuantes y que los padres asesinos no tengan derecho a la patria potestad.
Un punto de alta relevancia en esta iniciativa es que la ley reconocería el delito de secuestro inducido por la pareja.
El documento explica los cambios a diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual busca establecer sanciones penales contra funcionarios que obstaculicen la integración de carpetas de investigación por maltrato hacia las mujeres o quienes sean omisos en el cumplimiento de sus deberes legales.
Una de las impulsoras de esta propuesta de ley, la diputada federal Mariana Dunyaska García Rojas destacó la importancia de establecer, frente a la tragedia de los feminicidios, el derecho a la reparación del daño.
Recordó la legisladora que Veracruz es, por desgracia, el estado con más municipios donde se acumulan los crímenes por condición de género y donde se ha decretado la Alerta de Género: Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Chopas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.
Producto de foros que se realizaron en diversas entidades del país, la iniciativa retomó el conocimiento que especialistas y académicos aportaron sobre el aumento de los feminicidios en la República.
Además de proponer que el delito de feminicidio nunca prescriba, la propuesta busca homologar los distintos tipos de violencia contra las mujeres y unificarlas en la Ley General o en el Código Penal Federal.
La ley también pretende revertir la falta de articulación de esfuerzos entre los tres niveles de gobierno y los distintos poderes del Estado. Esto, con el propósito de establecer el tipo penal del delito de feminicidio, a fin de que la víctima pueda tener órdenes de protección, y los agresores una ejecución de sentencia; al tiempo que se apliquen medidas cautelares como la prisión preventiva.
El entramado institucional que la propuesta de ley perfila, incluye la obligatoriedad de los estados de crear fiscalías especializadas en investigación y procesamiento del delito de feminicidio.
También prevé la formación especializada de operadores del sistema acusatorio para garantizar un litigio adecuado que permita aportar elementos de prueba pertinentes para acreditar los tipos penales.
Al exponer el contenido de esta iniciativa, la diputada federal Adriana Dávila argumentó que ha llegado el momento de reconocer que la tragedia de los feminicidios se estrella cotidianamente con la impunidad.
Fue en ese contexto que la parlamentaria advirtió que, frente a la indiferencia de un sistema de justicia ciego con el sufrimiento de las mujeres, es obligatorio que el Congreso asuma la urgencia de formular una ley que reconozca, de una vez por todas, que el feminicidio no es un mito.
“A pesar de tantos pronunciamientos públicos y el uso permanente del tema en campañas electorales, hablar fuerte y gritar mucho no significa que hayamos sido escuchadas. El feminicidio no es un mito, es una realidad. Y ante la muerte de una mujer, no hay forma de reparar el daño”, expuso desde la tribuna la diputada Dávila.
“Hemos convertido la violencia de género en un paisaje normal. Hemos preferido ignorar esta realidad. Las autoridades de los tres niveles de gobierno se niegan a reconocer las alertas de género, porque los sienten como un ataque político. ¿No sirve el mecanismo o no están sirviendo los gobiernos? Pero el feminicidio no puede resolverse con la presencia de la Guardia Nacional”, advirtió la legisladora por Tlaxcala.
Y enfatizó que también ha llegado la hora de reconocer que la indiferencia de los llamados de alerta es la expresión institucional de una violencia de género a la que debe ponérsele ya un freno legislativo.
El debate apenas empieza.
