El Senado parace preocupado no por el Poder Judicial, sino por AMLO.
Desde que Enrique Peña Nieto subió a la tribuna de la sede de las Naciones Unidas y habló del peligro que representa la llegada de populistas al poder, comenzó una estrategia para minar el camino de Andrés Manuel a la silla presidencial.
Ya nos habíamos acostumbrado a las comparaciones que sus detractores hacían del tabasqueño con el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez.
En la mente de muchos mexicanos está presente la idea de que López Obrador es un peligro para México.
También en muchos, por la propaganda diseminada por sus adversarios, está la sentencia de que Andrés es un enemigo de las instituciones.
Ahora está de moda que es como Donald Trump, el candidato del Partido Republicano que ha atacado a los migrantes mexicanos indocumentados que viven en los Estados Unidos; identificado por su misoginia y por su racismo.
Puedo asegurar que López Obrador no es racista ni mucho menos misógino.
Los ataques de los contrincantes no se han quedado en mera retórica. Hay acciones concretas para sacar de la competencia a MORENA y a su líder.
AMLO acostumbra nombrar a políticos que luego serán candidatos a gobernadores con la figura de “Defensores de la Soberanía”. En resoluciones de tribunales electorales esa actividad ya ha sido castigada aún cuando el activismo se realiza con muchos meses de anticipación.
La acusación es que se hacen actos anticipados de campaña pero, ¿El Estado de Derecho permite castigar actos anteriores al inicio de un proceso electoral? De ser así, al menos dos políticos del PAN ya no deben estar en la competencia: Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle ya declararon en medios de comunicación que quieren ser candidatos a la Presidencia. Actos anticipados de campaña, dirían sus detractores.
Otro de los movimientos en contra de López Obrador y su partido es más grave que los discursos y ataques: los cambios a las leyes.
Me explico. Al momento de escribir estas líneas, en el Senado de la República se discutía ampliar el periodo de permanencia de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Hace una semana votaron por los nuevos integrantes de este órgano judicial. Por nueve años habían sido asignados Janine Otálora, Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata. Por seis años llegarían Mónica Soto y Reyes Rodríguez. José Luis Vargas e Indalfer Infante sólo estarían tres años.
Pero hoy podría gestarse lo que algunos constitucionalistas llamarían un acto de inconstitucionalidad. Reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para aumentar el periodo para el que fueron electos cuatro magistrados es un despropósito y una acción antidemocrática.
A los dos magistrados nombrados por tres años se les ampliaría el periodo a siete.
Y a los electos por seis años, se les incrementaría a ocho.
Entonces, estos magistrados calificarían las elecciones federales, incluidas las que correspondan a las de 2018 y 2024.
Dicen que esto daría estabilidad judicial del colegiado y permitiría la evolución de los criterios jurisprudenciales para evitar que con la llegada de nuevos integrantes se propiciara inseguridad jurídica.
¡Ahora resulta que los miembros del Senado están preocupados por la integración y la certeza jurídica en el TRIFE!
Este movimiento parece provocado por las encuestas que ponen como virtual ganador de la elección del 18 a López Obrador.
Faltan alrededor de 20 meses para esa elección y ya están maniobrando en contra no de ese político, sino de los electores.
Yo sólo les haría tres preguntas a los adversarios de Andrés Manuel López Obrador:
1. ¿Por qué el miedo a que el electorado vote por una opción diferente a las que ya han gobernado?
2. Así como cambian leyes juntos ¿PAN, PRI y PRD harían una coalición para enfrentar a AMLO?
3. Quizá la más importante, ¿Quiere Andrés Manuel ganar la presidencia en el 2018?
