Luego de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, grupos conservadores que manifestaron su rechazo, comenzaron a impulsar reformas a las constituciones estatales para “proteger la vida desde el momento de la concepción”.
La más reciente fue la aprobación en el Congreso Estatal de Nuevo León, en la que se incluyó el “derecho a la vida desde la concepción” y colocó nuevamente el tema en el debate.
La discusión es interminable: ¿en qué momento inicia la vida de un ser humano?
Organizaciones y grupos conservadores insisten en que inicia en el momento de la concepción. Otros que se identifican con los liberales consideran que inicia cuando el cerebro del feto comienza a funcionar e incluso, hasta que el bebé nace.
El tema es polémico.
Tan controvertido, que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha evitado fijar su postura, con el argumento de que no se debe abrir el debate y que una consulta ciudadana pudiera definir el futuro de un tema tan discutible como la interrupción del embarazo.
Para unos se trata de un derecho inalienable de las mujeres de disponer de su propio cuerpo, mientras que para otros son los derechos del feto a vivir.
La secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, dejó muy clara su postura, la misma que sostuvo como ministra cuando el tema se discutió en la Suprema Corte: “¿De qué estoy en contra? De que las mujeres estén sujetas a un proceso penal y se les prive de su libertad y, por lo tanto, estoy de acuerdo en que por lo menos en las primeras 12 semanas del embarazo, no sea tipificado como delito el aborto que se practique, el tema es no criminalizar a una mujer por tomar una decisión a lo mejor demasiado dolorosa para ella”.
Uno de los principales problemas es el acceso diferenciado de las mujeres al aborto, según las causales de la entidad federativa en la que residan, situación que afecta principalmente a las mujeres de menos recursos, las que viven en zonas rurales y marginadas del país.
Actualmente, el aborto es un crimen en la mayoría de los estados del país. Las sanciones van desde 15 días hasta seis años de cárcel, dependiendo de la entidad.
GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida) ha dado a conocer infinidad de casos de mujeres que son encarceladas por interrumpir un embarazo, incluso, por abortos espontáneos, o a quienes lo han querido hacer porque el embarazo fue producto de una violación sexual, a pesar de ser la única causal legal que se contempla en todo el país.
Resulta inadmisible que algunos jueces condenen como homicidas a mujeres que tuvieron partos fortuitos en su casa o en la calle y el recién nacido haya muerto. Ocurre en muchos casos y las más afectadas son mujeres en condición de pobreza.
De 2015 a la fecha existen más de 2 mil 180 carpetas de investigación en contra de mujeres que interrumpieron un embarazo en los estados donde continúa siendo un delito.
Más allá de la polémica de legalizar o no el aborto, debería considerarse el problema de las muertes de mujeres que se practican abortos clandestinos. Otra vez, las más pobres.
La mayoría de las que mueren son las que están en clara desventaja social, económica y educativa. Se practican abortos inseguros, sin los mínimos cuidados y sin la supervisión de un médico.
De acuerdo a cifras oficiales, en México se realizan anualmente 200 mil interrupciones del embarazo antes de las 12 semanas y entre 750 mil y un millón de abortos clandestinos.
Uno de los principales retos es garantizar a las mujeres la accesibilidad y disponibilidad de información y de servicios de salud sexual y reproductiva de calidad. Que incluya el acceso a planificación familiar de manera prioritaria en zonas rurales.
En un marco de libertad y justicia y, sin prejuicios morales o religiosos, las mujeres mexicanas deberían tomar decisiones sobre su propia vida.
Arriesgar sus vidas por evitar normas injustas, no ha sido la mejor solución.
