Redacción / México.- Bajo el título “Mujeres con la frente en alto. Informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado”, el Centro Prodh mostró los casos de 110 mujeres sujetas a procesos penales, mismas que fueron víctimas de diversas formas de violencia.
El reporte detectó la incidencia de tortura sexual infringida por elementos de seguridad pública contra las mujeres detenidas, siendo cuatro veces superior que contra los hombres. De los 110 casos investigados, 29 están relacionados directamente elementos de la Procuraduría General de la República.
El organismo destacó que estas prácticas ocurren con preocupante regularidad, pues se encontró que, en un contexto de tortura generalizada, la tortura sexual en contra de las mujeres es perpetrada con excesiva frecuencia a manos de fuerzas de seguridad tanto castrenses como civiles de los tres niveles -federal, estatal y municipal-, especialmente la violación sexual, y que dentro del aparato estatal existen esquemas institucionales que alientan o permiten su comisión.
Araceli Olivos, integrante del Centro Prodh y coordinadora del informe, señaló la existencia de un patrón claro en estos actos: la detención ilegal de las mujeres -en 27 de 29 casos en presunta flagrancia–; su traslado a instalaciones oficiales o clandestinas de las fuerzas de seguridad, donde son torturadas sexualmente -por medio de violación, abuso sexual y tocamientos-, aparejada a su retención injustificada -en la mitad de los casos de entre 12 horas y tres días-; la presentación ante el Ministerio Público, que en la totalidad de los casos omite su deber de certificar e investigar las lesiones; y un proceso en el que son base las ilícitas “confesiones” y otras pruebas obtenidas bajo tortura sin que las y los jueces investiguen estas circunstancias.
María del Sol Vázquez Reyes, sobreviviente de tortura sexual a manos de la extinta Agencia Veracruzana de Investigación, remarcó que las víctimas de esta práctica quedan con secuelas permanentes y estigmatizadas por los actos de las mismas autoridades que deberían cuidar de la seguridad ciudadana.
Por su parte, Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh, remarcó que los testimonios no son aislados y que dan cuenta de la extensión de esta práctica durante los años de la llamada “Guerra contra el narcotráfico”.
Ante este panorama, el Centro Prodh recomendó que el Poder Judicial debe garantizar la exclusión de toda prueba obtenida directa o indirectamente mediante la tortura o cualquier otra violación de derechos humanos.
A la PGR se le recomienda realizar en un plazo razonable las investigaciones correspondientes e identificar a los responsables de los actos de tortura documentados en este informe, identificando patrones y responsabilidades de los superiores jerárquicos; y trasladar la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Tortura a la Fiscalía Especializada para investigar violaciones graves a los derechos humanos, en el tránsito de la PGR a la Fiscalía General de la República.
En tanto, a la Segob se le pide reactivar las mesas de trabajo del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual, y para los titulares de las Fuerzas Armadas el ordenar al personal a su cargo abstenerse de realizar cualquier acto violento en razón del género contra las mujeres y de torturar y de retener ilegalmente a cualquier persona.
Los casos documentados tuvieron lugar en Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, y las autoridades responsables fueron tanto las castrenses (Sedena y Semar) como civiles de los tres órdenes de gobierno (federales, estatales y municipales).
