Los apellidos Duarte son, quizá, los que más se conocen entre los que han cometido actos de corrupción y que, parece, gozarán de cabal impunidad a pesar de estar documentados.
Acostumbrados por el sistema a ver caer mandatarios estatales por motivos políticos (Mario Ramón Beteta, por ejemplo, que no pudo operar en favor de Carlos Salinas en la elección de 1988), hoy ha sido la prensa y la sociedad civil la que ha puesto en la mira a los corruptos.
Uno de los personajes que hoy se encuentra en la cárcel, vinculado a proceso por los delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones de recursos de procedencia ilícita, es Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas.
Un juez no encontró concordancia entre los ingresos del exgobernador y el incremento de su patrimonio.
En México nos acostumbramos a ver “crecer” la riqueza de quienes detentaban cargos públicos. Era inherente obtener riqueza con el simple hecho de ser presidente municipal, diputado local o federal. No se diga si se ocupaba una senaduría o una gubernatura.
Hernández es parte de una clase política que, por lo que se ve, usó al servicio público para su beneficio. El gran pecado de estos políticos fue que, además de enriquecerse, dejaron a la deriva la gobernabilidad de sus estados, dejando a la sociedad en manos del crimen organizado.
Dicen en Tamaulipas que entre los gobiernos de Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, el que más daño le causó al estado fue, precisamente, el segundo.
La Letrina. Desgarrador el reportaje que realizó Carlos Loret de Mola sobre el éxodo de venezolanos a los países vecinos ante la crisis humanitaria y económica provocada por el gobierno de Nicolás Maduro. Un excelente trabajo en el que el equipo de Loret luce. Felicidades a él y a Claudio Ochoa, un joven reportero con gran futuro.
