De acuerdo con el dictamen aprobado la semana pasada por el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hay un nuevo tipo penal que castiga la conducta de tomar fotografías o grabaciones con índole sexual sin consentimiento de las personas que aparecen en dichas imágenes.
Según la nueva normatividad, se consideran conductas de naturaleza sexual indeseable, en virtud de que se realizan sin el consentimiento de la víctima y que atentan contra su dignidad: solicitar favores sexuales para sí o para una tercera persona; fabricar, imprimir, grabar, transportar, exhibir, vender, reproducir o hacer circular, por cualquier medio, imágenes, libros, revistas, escritos, fotografías, carteles y videograbaciones con implicaciones sexuales.
Las penas señaladas se incrementarán en una tercera parte en cualquiera de los siguientes casos: cuando además exista una relación jerárquica derivada de relaciones laborales, docentes, domésticas o de cualquier clase; o cuando la conducta del agresor se realice en la vía pública, instalaciones o vehículos destinados a prestar un servicio público.
El decreto surgió de una iniciativa presentada por el diputado Iván Texta Solís, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD). En la norma se señala que, de acuerdo con cifras publicadas, en promedio tres mujeres al día acuden a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para denunciar que les tomaron fotos o videos sin su consentimiento; aunque el proceso de queja puede durar hasta 36 horas en completarse. Aunado a esto, las mujeres se han acostumbrado a ser víctimas o testigos de estas situaciones en su vida cotidiana, al trasladarse a sus trabajos, escuelas, o la realización de actividades recreativas.
Habrá quienes consideren que la medida parece exagerada, incluido el agravante de que la falta se cometa en el transporte público. A los que así piensen habrá que mostrarles números. De acuerdo con datos del INEGI, 57.9 por ciento de las mujeres que trabajan en la Ciudad de México utilizan el transporte público. El Banco Mundial reveló que, en 2014, al menos 65 por ciento de las mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia de género en el transporte público en la capital del país.
Esto concuerda con los resultados publicados por un estudio realizado por la fundación Thomson Reuters y YouGov en el mismo año, en el que ubican al otrora Distrito Federal como “el rey” del acoso a mujeres en el transporte público. En el estudio se afirma que seis de cada 10 mujeres han experimentado algún tipo de acoso físico o verbal mientras viajaban en el transporte público. A su vez, el estudio “El porqué de la relación entre género y transporte”, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo en 2015, indica que 40 por ciento de las usuarias cambia su vestimenta para evitar ataques en el Metro capitalino, mientras 4.5 por ciento afirma haber dejado su lugar de trabajo o estudio por la inseguridad que percibe en este sistema.
Desgraciadamente no podemos cantar victoria con una ley más. Si algo nos ha enseñado el tiempo es que la problemática del acoso sexual en el transporte público no ha disminuido ni con las medidas públicas que se han adoptado para erradicarla. Es cierto que estas iniciativas están siendo insuficientes. No es la solución final para eliminar esta violencia de género. No obstante, no se debe demeritar. Es un largo camino el que llevará al respeto. No todo el trabajo debe quedar en la esfera legislativa, que es un aliado indiscutible, pero falta el trabajo en todas las esferas.
Hasta que el ser mujer sea un viaje que se disfrute y no una ruta de riesgos.
