Por. Saraí Aguilar
X: @saraiarriozola
Hay unas que marchan contras los oprimidos. Otras que departen con los opresores sin queja alguna.
Esto parece aplicar para la presidenta Claudia Sheinbaum, quien decidió que no había mejor idea para conmemorar el 8 de marzo que encabezando un acto oficial en el Campo Marte acompañada por mandos del Ejército y contingentes de mujeres militares.
El evento en el discurso oficial fue presentado como un reconocimiento al papel de las mujeres dentro de las Fuerzas Armadas. No obstante, el acto no fue bien recibido en la narrativa pública al decidir conmemorar la fecha en un ambiente castrense.
La critica se desató en redes y medios de comunicación. Para los voceros oficialistas y sus corifeos, el evento mostraba a una primera mujer presidenta, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, haciendo gala de su posición.
Y ese logro nadie se lo regatea. Sólo que nos muestra un feminismo réplica de los modelos patriarcales en el que los modelos verticales son preponderantes.
El problema de fondo no es que una mujer tenga poder. El problema es que ella ha declarado tarea principal de su sexenio la igualdad e incluso hace semanas estaba en la polémica por la visibilización de las mujeres en los libros de texto, lo cual llevó incluso a la destitución del tristemente célebre Marx Arriaga. En ese contexto llama la atención que no haya tomado la oportunidad para visibilizar la violencia histórica que esta institución ha ejercido hacia las mujeres, en una ceremonia que evidenció una tensión entre el discurso institucional de igualdad y el poder en aumento de las Fuerzas Armadas.
Y antes de que se digan que existen otras cifras, basta con recordar algunos casos recientes.
En septiembre de 2025, un soldado fue acusado de abusar sexualmente de una niña de nueve años dentro del cuartel de Cozumel, Quintana Roo. Según la denuncia de la familia, la menor fue llevada al interior de la base y agredida dentro de una vivienda del complejo militar. A esto se sumó la revictimización de la niña por parte del alcalde, quien responsabilizó a los padres por “descuidar” a la niña y dar pie al abuso.
No obstante, esto no es nuevo. Existen diversos casos emblemáticos que han evidenciado la violencia de género vinculada con integrantes del Ejército mexicano. Entre ellos destacan los de las indígenas me’phaa Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, quienes denunciaron haber sido violadas por militares en Guerrero en 2002; ambos casos llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que responsabilizó al Estado mexicano por violaciones graves a sus derechos humanos.
También se encuentra el caso de las Hermanas González Pérez, mujeres indígenas tzeltales que fueron detenidas, torturadas y violadas por soldados en Chiapas en 1994. A estos abusos se suma la muerte de la mujer nahua Ernestina Ascencio Rosario en Veracruz en 2007, tras una agresión sexual atribuida a militares; y el caso de violación múltiple ocurrido en Castaños, Coahuila en 2006, donde varios soldados fueron acusados de agredir sexualmente a mujeres en un bar de la localidad.
Algo que la presidenta olvidó es que nadie recrimina su privilegio ni su poder. Se le recrimina el no haber hecho ella uso del mismo para no invisibilizar de nueva cuenta esta violencia. Al parecer el ejemplo de Marx Arriaga sí tuvo efecto.
