El coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, impulsa una iniciativa para proteger a los usuarios frente a la práctica de emitir tarjetas de crédito o débito sin consentimiento expreso, así como evitar que las instituciones financieras generen cobros por anualidades, comisiones u otros conceptos asociados a productos no solicitados.
La propuesta busca reformar el artículo 18 Bis, fracción I, adicionar una fracción al artículo 4 Bis y los artículos 18 Bis 9, 18 Bis 10, 18 Bis 11 y 18 Bis 12 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
Monreal Ávila refiere que con estas adecuaciones se establece que las entidades financieras no podrán cobrar comisiones por el otorgamiento de servicios financieros, seguros, membresías o beneficios adicionales no autorizados previamente en el Contrato de Adhesión o sin el consentimiento expreso del usuario.
Propone que las entidades emisoras de Medios de Disposición consistentes en tarjetas de crédito o débito deberán garantizar que toda información relativa a costos, cargos y comisiones asociados al producto sea clara, veraz y suficiente, de conformidad con los principios de transparencia, buena fe y protección al usuario.
En su iniciativa señala que queda prohibida toda oferta, promoción o mensaje que, de manera directa o indirecta, induzca al usuario a considerar que los Medios de Disposición carecen de costos cuando generen comisiones, anualidades, cargos adicionales o cualquier otra contraprestación económica.
En tanto, las entidades emisoras de Medios de Disposición consistentes en tarjetas de crédito o débito deberán garantizar al usuario el derecho de cancelarlas de manera presencial, telefónica y digital.
Al momento en que la persona usuaria solicite la cancelación, la entidad emisora deberá realizar de manera inmediata un bloqueo preventivo, entendido como la suspensión temporal de toda transacción o cargo asociado a la tarjeta, con el fin de evitar operaciones mientras se formaliza la cancelación definitiva del contrato o Medio de Disposición.
Los mecanismos de cancelación y bloqueo deberán estar disponibles de forma presencial, telefónica y digital, incluyendo aplicaciones móviles, banca en línea y portales web oficiales, mediante botones visibles y de acceso directo, disponibles las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año.
En el caso de la cancelación de los Medios de Disposición consistentes en tarjetas de crédito o débito deberá efectuarse en un plazo máximo de tres días hábiles a partir de la solicitud del usuario, realizarse sin costo alguno para el usuario, prohibiéndose cualquier cargo, comisión o penalización asociada a la cancelación y formalizarse mediante prueba digital o física que certifique la terminación del contrato o, en su caso, la cancelación del Medio de Disposición.
El diputado Ricardo Monreal plantea que la emisión de un Medio de Disposición consistente en tarjetas de crédito o débito sin el consentimiento expreso y verificable de la persona usuaria será nula de pleno derecho y no se generará obligación alguna, ni será necesaria su cancelación.
Se estipula en su propuesta que queda prohibido generar cargos por anualidad, comisiones u otros conceptos asociados a dichos Medios de Disposición, así como cualquier efecto en el historial crediticio, comportamiento de pago o falta de uso.
Además, las entidades emisoras deberán reembolsar los montos cobrados de manera indebida en un plazo máximo de cinco días hábiles, contado a partir de la recepción de la reclamación presentada por la persona usuaria directamente ante la entidad emisora, o a partir de la notificación que de dicha reclamación realice la autoridad competente.
La vigilancia de estas disposiciones corresponderá a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros respecto de las entidades financieras, y a la Procuraduría Federal del Consumidor en el caso de emisores comerciales, sin perjuicio de las sanciones aplicables.
Al argumentar su propuesta, el diputado Monreal Ávila considera que estas adecuaciones normativas garantizarán que la cancelación de tarjetas de crédito o débito sea un derecho real y efectivo para los usuarios.
Indicó que esta iniciativa es oportuna, toda vez que de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en 2024 sus unidades de atención recibieron 251 mil 528 reclamaciones, siendo los principales productos motivo de queja las tarjetas de crédito, de débito y los créditos personales.
De ese total, 7 mil 594 casos correspondieron a solicitudes de cancelación de productos o servicios no atendidas o no aplicadas, lo que convirtió a la cancelación en la séptima reclamación de mayor ocurrencia.
Subraya que, aunque el marco normativo reconoce el derecho de las personas usuarias a dar por terminado su contrato en cualquier momento, en la práctica este principio de libertad contractual enfrenta serias limitaciones.
El problema, refiere, se manifiesta en dos direcciones. Por un lado, la desadherencia contractual: muchas entidades financieras y comerciales exigen trámites presenciales innecesarios, imponen requisitos ambiguos o generan demoras injustificadas que convierten la cancelación en un procedimiento complejo y desgastante. Por otro lado, la adherencia sin voluntad: proliferan prácticas de emisión de tarjetas de crédito sin solicitud expresa, a menudo bajo promociones o mecanismos poco claros que inducen al error y comprometen a los usuarios sin un consentimiento válido.
“En ambos casos, se debilita el principio fundamental de que todo contrato requiere una manifestación libre y consciente de la voluntad. Así, ya sea al dificultar la salida o al forzar la entrada, se restringe de manera indebida la autonomía contractual del usuario”, subraya el legislador.
Por lo tanto, precisa, el objeto de estas reformas es garantizar un procedimiento ágil y eficaz para la terminación de contratos de tarjetas de débito y crédito, mediante la fijación de plazos perentorios y condiciones mínimas de observancia obligatoria para las entidades emisoras, de modo que se asegure el ejercicio efectivo del derecho de cancelación en cualquier momento, sin dilaciones ni cargas indebidas para las personas usuarias.
Asimismo, reforzar el principio de adhesión voluntaria en la contratación de servicios financieros, asegurando que ninguna tarjeta sea emitida sin el consentimiento expreso, informado y verificable de la persona usuaria. De esta forma, se busca impedir prácticas de adhesión forzada, encubierta o engañosa que contravienen la autonomía de la voluntad y los principios generales del derecho contractual.
Además, se amplía el alcance de la legislación vigente al reconocer expresamente los canales digitales como vías válidas para ejercer el derecho de cancelación, junto con las opciones telefónicas y presenciales.
Puntualiza que incorporar medios electrónicos y móviles responde a la tendencia creciente de los usuarios de utilizar plataformas digitales para la gestión de sus servicios financieros y contribuye a garantizar la accesibilidad, eficacia y simetría de medios entre la contratación y la cancelación.
