El Senado de la República aprobó las modificaciones que realizó la Cámara de Diputados al proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Amparo, del Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Los cambios fueron avalados en lo general, con 83 votos de senadores Morena, PT y PVEM; y 38 votos en contra del PAN, PRI y MC. Mientras que en lo particular el dictamen fue aprobada por 81 votos a favor y 31 en contra.
Se trata de cambios que responden a la necesidad de perfeccionar la institución del amparo como mecanismo central de protección de los derechos fundamentales frente a actos de autoridad, así como de evitar el uso abusivo o dilatorio de los recursos administrativos y judiciales en materia fiscal que obstaculizan la recaudación de créditos firmes y afectan el interés social y el orden público.
La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, señaló que la minuta deriva de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo contenido se analizó en las audiencias públicas que organizaron las comisiones de Justicia, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, donde se escucharon a 41 especialistas.
Refirió que posteriormente se reunieron las comisiones dictaminadoras para analizar, discutir y aprobar el dictamen correspondiente, que modificó sustancialmente la iniciativa, por lo que una vez aprobado en comisiones se puso a consideración del Pleno del Senado para una amplia discusión y, una vez que fue aprobada, se remitió a la Cámara de Diputados.
La colegisladora, explicó Castillo Juárez, también realizó audiencias públicas con especialistas en la materia. Indicó que el proyecto remitido por la colegisladora “no introduce cambios sustanciales” al cuerpo del proyecto de decreto originalmente aprobado por el Senado, pues únicamente se modificaron los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, así como los artículos primero, tercero, cuarto y quinto transitorios del proyecto de decreto.
Indicó que del artículo 128 de la Ley de Amparo, en la fracción III, modifica el término “interés público” por el de “disposiciones de orden público”, con lo que se elimina así una redacción ambigua que podría dar lugar a interpretaciones discrecionales y vulnerar la esencia garantista del juicio de amparo.
Asimismo, dijo, se suprime la fracción V que señalaba “que de ejecutarse el acto se puedan causar daños de difícil reparación”, a fin de armonizar el texto con los principios constitucionales de progresividad y acceso efectivo a la justicia.
En cuanto al artículo 129, en la fracción XVI, se ajusta para precisar que se considerará contrario al interés social o a disposiciones de orden público continuar con actividades o servicios que requieran autorización federal cuando no se cuente con la misma, suprimiendo la referencia a casos de revocación o suspensión de permisos, fortaleciendo así la claridad jurídica y la correcta aplicación de la ley, refirió la presidenta.
En cuanto al régimen transitorio, detalló que en el artículo primero se mantiene la redacción de la propuesta original del dictamen, se incorpora un nuevo tercero transitorio en el que se establece con mayor precisión cómo se substanciarán los asuntos en trámite al momento de la entrada en vigor del decreto, y a partir de lo anterior indicó, los artículos 4 y 5 solamente se recorrieron en su orden debido a la incorporación del tercero transitorio.
De acuerdo con el dictamen enviado por la Cámara de Diputados, el artículo tercero transitorio señala que: “Al tratarse de una ley procesal, las etapas procesales concluidas que generen derechos adquiridos a las partes se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de los procesos respectivos. Por lo que hace a las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se regirán por las disposiciones de este Decreto, sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras”.
Fueron rechazadas las reservas presentadas por las senadoras Verónica Rodríguez Hernández, Laura Esquivel Torres y María de Jesús Díaz Marmolejo, del PAN, y por el senador Ángel García Yáñez, del PRI.
Una vez aprobado en lo genera y en lo particular, el dictamen fue remitió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
