La Universidad Nacional Autónoma de México tiene la convicción de que la educación superior pública y autónoma necesitan una arquitectura jurídica sólida ética y adaptativa que no tema al cambio, y tampoco renuncie a sus fundamentos, señaló el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas.
Al inaugurar el XIX Seminario de la Red Jurídica de Universidades Públicas, cuyo lema es “Construyendo la Universidad Pública del siglo XXI”, explicó que lejos de ser un apéndice del derecho administrativo, el entramado jurídico en las instituciones de educación superior debe articular disposiciones federales, estatales e internas, reflejando la pluralidad y vitalidad del sistema de educación superior pública.
“Actualmente atravesamos una etapa de cambios y reformas impostergables en torno a la ciencia, la educación, la equidad de género, la digitalización, el medio ambiente y la cultura. Este escenario demanda vigilancia activa, una capacidad analítica constante, una firme disposición al trabajo conjunto”, expresó Lomelí Vanegas.
Por ello, destacó que es menester reconocer que la labor de todas y todos los abogados y juristas es indispensable al traducir el lenguaje del derecho a la operación cotidiana de las instituciones de educación superior, acompañar los procesos de transformación, la prevención de conflictos, construir confianza y salvaguardar los principios ante las transformaciones sociales y apertura a la innovación.
Ante abogados y especialistas en Derecho, reunidos en el Auditorio Alfonso Caso, Hugo Alejandro Concha Cantú, Abogado General de la Universidad Nacional, añadió que las universidades son espacios en constante proceso de traducción y redefinición a través de las interacciones entre sus actores, lo que las convierte en un espacio complejo donde se construye y reproduce conocimiento, pero también donde se negocia la autonomía y la estructura organizacional.
Y precisó: No se puede pensar en la universidad pública mexicana más allá de su tamaño o dimensiones sin una fuerte estructura administrativa. Dentro de esta los servicios legales juegan un rol imprescindible para representar a las universidades, hacer frente a los diversos tipos de litigios de sus comunidades, llevar a cabo las contrataciones de bienes servicios y personal; en general, dar la asesoría necesaria que haga compatible el marco normativo universitario y el sistema jurídico nacional y local.
De ahí que el encuentro, que concluye mañana 22 de agosto, busca coadyuvar en el establecimiento de las bases que permitan a las universidades públicas transformarse para volverse más accesibles, autónomas y comprometidas con las necesidades sociales.
Al hacer uso de la palabra, el secretario General Ejecutivo de la ANUIES, Luis Armando González Placencia, estimó que en este momento la humanidad enfrenta un cambio civilizatorio que está afectando a las universidades, lo que se refleja en los entornos jurídicos en una fuerte presión que ejercen ideologías extremas que cuestionan el avance que con grandes esfuerzos hemos y han logrado las distintas expresiones de la diversidad en contra de los derechos humanos.
En un contexto, caracterizado por la constante amenaza de violación a nuestras autonomías, prosiguió, así como por las presiones financieras que enfrentamos, me parece que el ejercicio del derecho en las instituciones universitarias se enmarca en el cumplimiento de las obligaciones de respeto, promoción, protección y garantía de los derechos de nuestras comunidades y exige una mentalidad abierta del jurista a la transformación social y al cambio jurídico.
