Por. Fernando Coca
X: @Fercoca
La comisión presidencial encargada de redactar la reforma electoral que desmantelará el sistema político que conocemos hoy, emanado de la Revolución Mexicana, ha quedado instalada.
Destacó la presencia de dos de sus integrantes comenzando por Pablo Gómez, el exdirigente del 68 que cuenta con una amplia experiencia como legislador plurinominal y la de Lázaro Cárdenas Batel, que también ha sido legislador y gobernador de Michoacán
Confió que la presencia de Lázaro Cárdenas le dará sensatez y un carácter democrático y progresista a las propuestas que la comisión enviará a la presidenta y que, cuando llegue al Congreso, los derechos de los ciudadanos estén por encima del de los partidos y los políticos.
La Comisión Gómez, así la llamaré, tiene un temario amplio, mismo que desarrollará en los próximos seis meses antes de tener la redacción final. Y aunque se invitará a la participación en foros y encuentros en todo el territorio nacional, será la comisión la única que redactará lo que crea importante para el futuro en materia de la representación política de las y los mexicanos.
Son 14 temas los que habrá de debatir, discutir, opinar. Creo firmemente que la participación de todos los sectores de la sociedad es importante, aunque al final, reitero, será la redacción de Gómez la que prevalezca.
En mis próximas colaboraciones hablaré de cada uno de los 14 puntos. Cómo estamos hoy y hacia dónde debemos ir, según mi opinión.
Hoy, tocaré someramente algunos de los puntos que creo, son centrales para el fortalecimiento de la democracia en México y la amplia participación del pueblo en la toma de decisiones.
1. Libertades políticas. ¿Hasta dónde la capacidad de participación ciudadana podrá actuar, expresarse y participar en los asuntos públicos? ¿Cómo evitar restricciones de los miembros de poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno los que, hoy, pueden decir que recibieron un mandato popular y que el voto los hace repelentes a cualquier opinión ciudadana? ¿Quién va a garantizar el derecho a la información, a la libre expresión y asociación, además del acceso a la información de todos y cada uno de los actos de poder de los funcionarios y servidores públicos?
2. Representación del pueblo. ¿Qué entendemos por pueblo? ¿Quién puede acceder a los cargos de elección popular, los que tengan padrinazgos políticos, los que pertenezcan a corrientes internas de los partidos o cualquier militante o simpatizante de alguna formación política? ¿Los candidatos ciudadanos o independientes seguirán siendo la excepción o se convertirán en regla? Para estos últimos, ¿se les seguirá imponiendo requisitos que sólo benefician a los partidos políticos o habrá facilidades para los ciudadanos de buscar representar a sus vecinos? ¿Se vale la creación de partidos por cada causa del pueblo o sólo la permanencia de partidos que privilegian su permanencia en el poder restringiendo la participación de ciudadanía y pueblo?
3. Sistema de partidos. ¿Qué vamos a tener, un sistema de partido hegemónico, un sistema de partido dominante o un sistema de partido predominante? ¿Seremos un sistema bipartidista o un sistema de partidos de pluralismo limitado o moderado? ¿Podríamos convertirnos en un sistema de partidos polarizados o extremista? ¿Nuestro sistema de representación será uninominal, plurinominal? ¿Hacia dónde llevaran la partidocracia?
4. Financiamientos y prerrogativas de partidos. Aquí hago una primera propuesta: ante la realidad que en términos de violencia y la intrusión del crimen organizado en la vida pública, lo razonable sería que sólo se permitiera la financiación de los partidos por medio de recursos públicos.
En caso de que la forma de financiamiento se diera por privados, esto sólo podría ser posible mediante las cuotas de militantes y simpatizantes y éstas deberán darse vía electrónica y ser susceptibles de una rebaja en el pago de impuesto. Esas cuotas no podrían ser de más de 10 salarios mínimos al año. En caso de que algún empresario quisiera financiar un partido o una campaña, el financiamiento no podría ser de más de 50 salarios mínimos al año.
5. Fiscalización de ingresos y gastos de partidos, candidatos y campañas electorales y preelectorales. Nos han dicho que la democracia es muy cara en México. Muchas de las denuncias que atienden las autoridades electorales. El INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, tienen que ver con el uso de recursos en las campañas y precampañas electorales. La bolsa financiera de cada partido debería tener, en todo momento, un auditor permanente -nombrado por la autoridad electoral- para cuidar de que no se rebase el financiamiento por parte de privados y, también, de los gastos de campaña y precampaña.
6. Efectividad del sufragio. El derecho a votar está garantizado en la Constitución. Y aunque la obligación a votar también, ahora esa obligatoriedad debería estar acompañada de una sanción administrativa (no poder obtener actas de nacimiento, licencias de conducir, verificación de automóviles y otras), además de una sanción pecuniaria, es decir, una multa por no haber acudido a la urna a emitir el voto. De esta forma, el nivel de abstencionismo será menor de lo que actualmente se registra en cada elección y, más importante, la representación del pueblo estará ampliamente garantizada y respaldada por los votos que emita el pueblo.
7. Regulación de la competencia político-electoral. ¿Se vale el uso del cargo para hacer campaña permanente? ¿Es justo o equitativo usar las tribunas legislativas para posicionarse? Aquí deben definirse las reglas, que deben ser claras y precisas de cómo se organizan y desarrollan las elecciones. Además, las leyes electorales deben asegurar los derechos para votar y ser votado, de dar garantía a la equidad de las y los ciudadanos. Fijar controles y límites de quienes cargos de poder para no intervenir en los procesos con el uso de los recursos públicos, sean humanos o financieros, para tratar de inclinar preferencias hacia un candidato o partido. Prevenir el fraude electoral y la compra de votos. Y aquí hay más, mucho más de que hablar.
8. Libertad de difusión de opiniones, informaciones e ideas. En la contienda electoral, ¿se podrá criticar -siempre con sustento- a los adversarios sin que las autoridades electorales sancionen las opiniones de ciudadanos, candidatos o periodistas? ¿Seguirá el uso del argumento de ataque a las adversarias de haber sido víctimas de Violencia Política en Razón de Género para evadir la crítica? ¿Emitir una opinión será motivo para ser atacado y estigmatizados como traidor a la patria, autoritario, chairo o fifí? En suma, prevalecerá la norma de lo políticamente correcto o habrá contienda en libertad para expresar opiniones, ideas y la información de partidos y, en su momento, candidatos.
9. Propaganda de poderes y organismos públicos. ¿Para qué prohibir la participación de quienes tienen cargos públicos en los procesos electorales si de todas formas se hace? El proceso electoral sería para el pueblo en ejercicio de su ciudadanía, obtener respuestas a sus demandas y habría rendición de cuentas de autoridades, de su partido y sus candidatos cuando éstos buscan convencer a los electores.
10. Sistema de votación y de cómputos dentro del territorio nacional y en el extranjero. A nuestro sistema le falta el uso de las tecnologías para ampliar la participación ciudadana. Buscar elemento que hagan más fácil el ejercicio de votar, y de conocer el resultado el mismo día de la elección, dará certeza de que el voto se contó y contó como manifestación del pueblo
11. Autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales. Desaparecer el INE o los OPLES, además de los tribunales electorales no es buena idea. Quizá sea el momento de reconocer que no son perfectos pero que pueden mejorar la organización y la calificación de cada elección. La confección de nuevos organismos requerirá de una condicionante de la que no se puede rehuir: la independencia plena de estas instituciones.
Nadie del gobierno como parte de los organismos electorales; nadie de los partidos, ni como representantes en la mesa de discusión, en la institución que organiza las contiendas. La confección del IFE fue producto de una gran negociación política de todas las fuerzas políticas del país y eso lo sabe el pueblo. Hoy no debe ser diferente.
12. Requisitos de elegibilidad. La Constitución es clara. No jueces, ministros de culto o militares en ejercicio de sus cargos. No a las personas sentenciadas que estén cumpliendo sus condenas. Circunstancias subjetivas deben quedar fuera de esta regulación.
13. Inmunidad de funcionarios elegidos por el pueblo. Nadie con fuero. Cualquier funcionario, sin importar el cargo municipal, estatal o federal que ocupe, puede ser llevado ante un juez por cualquier delito que hay cometido.
14. Consultas populares y revocaciones de mandatos. Consultas para los actos de poder que el pueblo opine, en ejercicio de su ciudadanía, que una obra pública, una ley o un reglamento, por ejemplo, sea contrario para el desarrollo de su comunidad. Revocación de mandato, con fechas fijas. Para la presidencia de la República y gubernaturas a los dos años del ejercicio o en la elección intermedia. Para los ayuntamientos, a la mitad del mandato. Para legisladores, dentro del segundo año del ejercicio. ¿Quién pide la consulta? Un porcentaje de quienes votaron en la última elección. El porcentaje ideal para que el pueblo que puso a una persona en el cargo, sería del 5 por ciento de la votación que ese funcionario recibió para llegar al encargo.
Esperemos que la redacción final de la Comisión Gómez contemple todas las opiniones que en estos meses se generen para garantizar la consolidación de la democracia.
