Para poner en marcha las reformas a la Ley General en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas, este miércoles la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez presentó las principales acciones de ejecución, los plazos estimados e instituciones que participarán.
En conferencia de prensa, la recordó que este tema es prioridad para el gobierno federal.
Estas son las acciones:
- Expedición del Reglamento de la Ley de Búsqueda. Deberá expedirse a más tardar el 15 de octubre de 2025.
- Actualización del Protocolo Homologado de Búsqueda (PHB) para integrar los planes de seguridad en las búsquedas y protección para las familias.
- Poner en marcha la Plataforma Única de Identidad y la Alerta Nacional de Búsqueda.
- Usar datos biométricos e imágenes satelitales en búsquedas.
- Fortalecer Fiscalías Especializadas y el Banco Nacional de Datos Forenses.
- Crear la Base Nacional de Carpetas de Investigación.
- Atención del rezago en la identificación de cuerpos y restos humanos.
- Atención integral a hijos e hijas de personas desaparecidas.
- Sesión del Sistema Nacional de Búsqueda.
- Armonizar leyes locales con la Ley General.
La titular se Segob explicó que con la participación de más de 450 colectivos y familias representadas por redes y plataformas, se recabaron 570 propuestas legislativas y también en política pública, relacionados con cinco ejes de trabajo:
- Búsqueda y seguridad
- Identificación humana forense
- Bases de datos y sistemas de información
- Bienestar
- Prevención
Además de la sensibilización de la población en general para prevenir factores de riesgo.
“Por eso, no basta con la aprobación de la ley; estamos trabajando en las consideraciones que nos han planteado, así como la armonización de instrumentos normativos para el diseño de una política pública en la materia”, aseguró la secretaria de Gobernación.
Las mesas de diálogo han contando con la participación de 17 dependencias internas y externas del Gobierno de México, entre las cuales están el Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo); la Fiscalía General de la República (FGR); la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal; la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; la Comisión Nacional de Búsqueda; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.
