Por. Ivonne Melgar
Por más que existan matices y nuevas tendencias en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum con respecto al anterior, el legado de AMLO sigue vigente en las principales formas del ejercicio del poder.
Ejemplos: impulso de la polarización desde el oficialismo; reduccionismo de problemas estructurales a casos aislados; culpar a la oposición y al pasado; y estigmatización de la prensa y la crítica.
Son conductas propiciadas desde el poder y que observamos en el tratamiento de las declaraciones de Trump; el caso del exsecretario de Seguridad de Tabasco y en el uso de nuevas leyes y de la violencia política en razón de género en contra de periodistas y ciudadanos críticos en Puebla, Campeche, Tamaulipas o Sonora.
Así ocurrió en la administración de López Obrador con el manejo de Segalmex que, se dijo, fue cosa de unas cuantas ovejas negras; la destrucción del aun no repuesto sistema de abasto de insumos de salud -limitado entonces, pero que funcionaba- porque sus proveedores eran “una mafia”; las nunca reveladas corruptelas que llevaron al entierro del Nuevo Aeropuerto Internacional en Texcoco, y el señalamiento desde la conferencia presidencial a integrantes “del hampa del periodismo”.
El éxito del exmandatario y de su heredera fue rotundo en las urnas en 2024, permitiéndole a su partido hacerse del control del Poder Legislativo y posteriormente del Poder Judicial, así como aniquilar los contrapesos que consideraban obstáculos para su proyecto.
Y aunque en el actual gobierno existan algunos cambios de fondo, como son los decomisos y planes de seguridad sin abrazos, en la forma de ejercer ese gran poder hay continuidad y se le rinde cotidiano homenaje al líder moral.
Acaso por la imposibilidad de cuestionar el incremento en el sexenio anterior del dominio territorial de organizaciones delictivas, la fabricación de fentanilo y las extorsiones, cuando se trata de encarar los reclamos del presidente de Estados Unidos que condiciona aranceles al sometimiento de los cárteles, el gobierno de Sheinbaum, sus legisladores y propagandistas ponen el foco en “la oposición antipatriota”, acusándola de promover el intervencionismo extranjero.
Sin articular aún una respuesta para las acusaciones de la Casa Blanca y las agencias y secretarias del vecino país, alineadas al discurso de Trump de que las autoridades de México están “petrificadas” ante “el tremendo control de los cárteles”, aquí se fustiga como “traidores a la patria” a periodistas y tuiteros que hablan de futuras listas de políticos mexicanos proscritos en EU por sus nexos malandros.
Es en ese contexto que los reflectores oficialistas hoy se posan en Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, una entidad que en los últimos siete años se sumó al desastre que arrastraban otros estados y que la estrategia de los abrazos incrementó.
El lugar de origen del venerado expresidente hoy es un referente de la crisis de violencia y estancamiento económico en que se hayan las regiones más inseguras y petroleras del país -golpeadas por los adeudos millonarios de PEMEX a proveedores- y ante la cual el gobernador Javier May (Morena) opta por culpar al exfuncionario.
La información revelada por Excélsior ayer y el miércoles da cuenta de un exsecretario de Seguridad señalado como líder del grupo criminal La Barredora por el aparato de inteligencia militar desde mediados del sexenio anterior.
Los detalles del perfil de Bermúdez Requena, supuestamente prófugo en Panamá, en medio de versiones no confirmadas que sugieren su muerte, sólo pueden entenderse como parte de una política pública federal que toleró anomalías, nexos ilegales y sospechas.
El comunicado de los senadores de Morena exonerando a su coordinador, Adán Augusto López Hernández, de la trama que la FGR investiga, en tanto fue el gobernador que nombró al exsecretario, queda como señal de la disonancia cognitiva que experimenta el oficialismo: no sabe qué hacer con el elefante del crimen organizado en la sala.
“Respaldamos firmemente a nuestro coordinador, el senador Adán Augusto López Hernández, ante el golpeteo mediático orquestado desde la oposición y los medios a su servicio, ya que en un evidente nado sincronizado han calumniado y difundido noticias falsas para intentar desprestigiar su persona desde hace algunos días”, expusieron en el posicionamiento.
El texto encierra el ridículo de la narrativa oficialista, porque las fuentes de sospecha proceden del actual gobernador y de la FGR.
Casi una semana después de que el escándalo de su exsecretario de seguridad local estalló, el también exsecretario de Gobernación, a quien AMLO llamaba “mi hermano”, atendió el llamado de la presidenta Sheinbaum de que diera su versión de lo que vivió como gobernador.
El senador López Hernández compartió en X cifras de lo que él logró en seguridad durante su gestión en Tabasco y escribió: “Es público que se iniciaron investigaciones contra integrantes de aquel gobierno, y considero fundamental que deben presentarse ante las autoridades para aclarar los hechos. Al mismo tiempo, aunque no he sido requerido, estoy a la orden de cualquier autoridad que solicite mi presencia”.
Las explicaciones del jefe de los morenistas en la Cámara Alta se han limitado a ese tuit porque él encarna el desdén a la prensa que la 4T despliega ante la molestia que las preguntas le generan a la mayoría de sus políticos.
La actitud del coordinador de los senadores es parte de una ola de expresiones de intolerancia a los cuestionamientos de periodistas y ciudadanos, generando un clima de censura que abona en mayor concentración de poder.
Y es que frente al legado no presumible que el sexenio anterior profundizó -desde la violencia criminal hasta la deuda que ahora se traduce en insuficiencia presupuestal, pasando por el déficit en salud y la deserción escolar-, atestiguamos una triste paradoja:
El gobierno, sus legisladores y jueces afines en vez de usar ese gran poder para reparar los daños, abusan de su ejercicio para someter a quienes los señalan y documentan.
