El diputado federal Rubén Moreira Valdez pidió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a iniciar una investigación exhaustiva sobre los actos de censura institucional, criminalización del ejercicio periodístico y la imposición de sanciones desproporcionadas a ciudadanos por expresarse libremente en redes sociales.
Ello, ante los casos de censura al periodista Jorge González por parte de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores; así como de la ciudadana Karla Estrella, quien fue sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y debe disculparse durante 30 días continuos con la diputada local de Sonora, Karla Karina Barreras, por violencia política de género.
Al presentar un Punto de Acuerdo, el legislador del PRI también solicitó que emita la recomendación correspondiente y dé seguimiento ante posibles vulneraciones a los derechos humanos a la libertad de prensa y el debido proceso.
“Debe garantizarse la protección efectiva de quienes ejercen su derecho a opinar, informar o criticar al poder público sin temor a represalias, restricciones indebidas o persecución institucional”, destacó Moreira.
En el documento, el líder congresista denuncia el preocupante patrón de regresión autoritaria impulsado por gobiernos locales y federales que, a través del uso punitivo del derecho, buscan acallar la crítica, castigar el disenso y censurar la libertad de expresión.
La libertad de prensa, aseveró, no puede ser objeto de represalias políticas y mucho menos se puede imponer una política de castigo ejemplar para inhibir la crítica a quienes detentan el poder. Estas, agregó, se convierten en prácticas incompatibles con cualquier sistema democrático.
Manifestó su preocupación por casos como el del periodista Jorge González Valdez en Campeche, vinculado a proceso penal por “incitación al odio” tras críticas a la gobernadora, lo que consideró evidencia una peligrosa tendencia de persecución institucional.
“Silenciar a un medio, inhabilitar a un periodista y judicializar la crítica son prácticas incompatibles con cualquier sistema democrático”, señaló el exgobernador de Coahuila.
Además, advirtió que leyes como la aprobada en Puebla sobre “ciberasedio” o la aplicación desproporcionada del concepto de violencia política de género en redes sociales, configuran un uso distorsionado del derecho para vulnerar libertades fundamentales.
Refirió que periodista como Héctor de Mauleón, sostienen que la embestida contra la prensa y usuarios críticos “ya no son casos aislados, sino parte de un patrón sistemático”, de persecución que se ha expandido más allá de los medios tradicionales, sobre cualquier voz discordante en redes sociales, lo que agrava el impacto sobre la participación ciudadana y el pluralismo
“Frente a este intento de institucionalizar la censura, el silencio de la CNDH es inadmisible. Su deber es claro: proteger a quienes ejercen su derecho a opinar, informar o criticar sin temor a represalias”, concluyó Moreira Valdez.
