En su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció en contra de la criminalización de migrantes, ante la construcción de la prisión ‘Alligator Alcatraz‘ (Alcatraz caimán) en Florida, Estados Unidos, como parte de la política migratoria del presidente Donald Trump.
“No estamos de acuerdo en tratar a los migrantes como criminales”, señaló.
La mandataria recordó que Estados Unidos se formó de migrantes de todos los lugares del mundo, al tiempo de destacar que los latinos y, en especial, los mexicanos son muy importantes para la economía de EE.UU.
“El querer catalogar a un migrante como criminal o pretender la deportación de millones de migrantes como dicen, pues le va a afectar a la economía de Estados Unidos, viéndolo desde su perspectiva. Pero además es violatorio totalmente de los derechos humanos”, enfatizó.
Apuntó que los connacionales que son deportados de EE.UU. son recibidos de inmediato en México “pero en condiciones que no sean violatorias de sus derechos humanos”.
La jefa del Ejecutivo Federal enfatizó que su Gobierno defiende a los connacionales “tengan un mes, dos meses, tres meses, un año o dos años o 10 años o 20 años allá”.
- No hay censura ni espionaje, ratificó la presidenta de México al recordar que la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se encuentra en análisis legislativo mantiene exactamente igual la legislación vigente: sólo con orden judicial es posible que las autoridades intervengan o geolocalicen teléfonos.
“¿Cuándo se hace? Cuando hay presunción de un delito y un juez lo permite, no para cualquier ciudadano; eso está prohibido, sigue prohibido y estaba prohibido.
“Solamente frente a la investigación de un presunto delincuente que se sabe su teléfono, pues se le pide a un juez: Oye, necesito saber su geolocalización. Porque si se detiene a una persona debido a que se encontró su localización a través del teléfono, pero no fue orden de juez, no es válido para el juez.”
La primera mandataria subrayó que la propuesta rescata y fortalece los derechos de las audiencias, es decir, de la población consumidora de medios de comunicación:
“Antes era: lo que diga el medio de comunicación, eso es. No; ahora la ciudadanía puede reclamar. ¿A eso le llaman censura? Es todo lo contrario; es una revisión ciudadana del derecho a la información, que es un derecho constitucional.”
- Al respecto, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Antonio Peña Merino, detalló que el dictamen aprobado por el Senado de la República es exactamente igual en el artículo 190 de la ley vigente aprobada desde 2014.
La norma establece que los operadores están obligados a colaborar con las autoridades de seguridad y procuración de justicia en los términos que establecen las leyes, a través de mandamiento escrito, fundado y motivado de la autoridad competente.
Lo anterior tiene sustento en el artículo 16 de la Constitución, que obliga a obtener autorización judicial para realizar intervenciones, así como el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que no ha sido reformado desde 2016.
En cuanto al regreso de los derechos para las audiencias, recordó que se trata de una garantía de artículo sexto constitucional, al menos desde 2014, por lo que se restituye la disposición en la propuesta de ley.
En este marco precisó que la herramienta digital Llave MX no permite suplantar la identidad de ninguna persona, ya que toda la información requerida pasa a revisión de servidores públicos. Las iniciativas de ley permitirán autenticar la identidad digital sin que sea necesaria la verificación de documentos.
- Durante la firma del decreto para incorporar el programa IMSS Coplamar al régimen ordinario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que esta modalidad brinda servicios de salud en las zonas más apartadas del país desde la década de 1970.
“Había la posibilidad de que IMSS Coplamar se integrara al IMSS-Bienestar, pero muchos ya participaban como trabajadores del IMSS. Entonces tomamos la decisión de que se fuera al IMSS ordinario y la parte presupuestal la vamos a resolver conjuntamente.”
El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, detalló que el decreto implica la incorporación de todas las instalaciones y plantilla laboral de IMSS Coplamar al régimen ordinario del instituto.
Recordó que, luego de la descentralización de servicios de salud a las entidades iniciada en 1984, IMSS mantuvo la atención a población sin seguridad social a través de IMSS Coplamar, especialmente en 19 estados.
“Con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en 2019 hicimos una gira por los 80 hospitales rurales del IMSS Coplamar que continuaron siendo operados por el propio seguro social. Ya con la creación del IMSS-Bienestar, el Coplamar se quedó un poco a la mitad.”
Se trata de 81 hospitales ubicados en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Durango, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán.
Dichas instalaciones proporcionan atención a 10.8 millones de personas; 8.4 millones no tienen seguridad social y serán atendidas por IMSS-Bienestar; 2.4 millones son derechohabientes.
Los servicios de IMSS Coplamar se ofrecen a través de dos mil 730 camas, 93 consultorios y mil 98 consultorios de especialidad enfocados en ginecología, medicina interna y medicina familiar.
La distribución territorial de IMSS Coplamar también contempla tres mil 621 unidades médicas rurales de primer nivel, 184 brigadas y 140 unidades médicas móviles que concentran acciones en zonas rurales e indígenas.
Redacción
